SpainDC manifiesta su rechazo frontal al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros y anuncia que lo recurrirá judicialmente y solicitará su suspensión cautelar al considerar que la norma impone condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España.
La regulación obliga a elegir entre requisitos inviables de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias (apagones selectivos) incompatibles con el funcionamiento continuo de infraestructuras críticas. Todo ello pese a las reiteradas advertencias del sector y de organismos como la CNMC y sin que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se haya reunido ni una sola vez con la Asociación que representa a esta industria.
“Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado. Pero lo más grave es que esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España. Sin centros de datos en nuestro territorio no hay autonomía tecnológica posible; dependeremos cada vez más de otros países para desarrollar la inteligencia artificial, sostener nuestra economía digital y gestionar nuestros datos. Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible. No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación”, afirma Emilio Díaz, presidente de SpainDC.
El real decreto de centros de datos
Mientras Europa impulsa el desarrollo de infraestructuras digitales para competir en inteligencia artificial, España aprueba una regulación que bloquea las inversiones necesarias para conseguirlo. Los 66.900 millones de euros de inversión previstos hasta 2030 quedan seriamente amenazados. Estas inversiones no esperarán indefinidamente a España y corren el riesgo de trasladarse a otros países, llevándose consigo actividad económica, innovación y oportunidades de desarrollo industrial.
“La ministra afirma que España será pionera. Y tiene razón: seremos pioneros en ponernos a la cola de la revolución digital. No es de recibo que un Gobierno, en el tiempo de descuento y a nueve días de unas elecciones generales, pretenda hipotecar durante décadas el futuro industrial y tecnológico de España. Y que lo haga por la puerta de atrás de la tramitación urgente, sin consenso y haciendo oídos sordos a las advertencias del sector. En lugar de asumir las consecuencias de años de falta de planificación e inversión en las redes eléctricas, pretende pasarle la factura a quienes quieren invertir en nuestro país. No están regulando nuestro futuro, están obligándonos a exportarlo”, denuncia Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC.
SpainDC denuncia, además, que el Gobierno ha recurrido a cifras alarmistas y comparaciones engañosas para justificar su decisión. La ministra insiste en utilizar Irlanda como ejemplo de lo que podría ocurrir en España, ignorando que los centros de datos representan el 23% del consumo eléctrico irlandés, frente al 5% de Países Bajos y apenas el 0,8% de España. Resulta difícil justificar que el Gobierno español esté centrado en resolver los problemas de Irlanda, en lugar de atender a las necesidades y oportunidades de nuestro propio país.
La Asociación rechaza igualmente los 5.000 millones de euros de sobrecoste eléctrico anunciados por Aagesen, una cifra cuyo origen y metodología el Gobierno no ha explicado y que contrasta con las estimaciones técnicas y los estudios independientes que esta Asociación trasladó al propio Ministerio. Entre ellos, un análisis de Wood Mackenzie estima que incorporar 3 GW adicionales de centros de datos elevaría el precio eléctrico medio final apenas un 1,3 % en 2030. Por eso, la Asociación exige a la ministra que explique de dónde sale la estimación de 5.000 millones y cómo justifica una previsión tan alarmista cuando dispone de análisis rigurosos que apuntan a escenarios sustancialmente diferentes.
La aprobación del real decreto no pone fin a esta batalla. SpainDC acudirá a los tribunales para solicitar su suspensión y mantendrá su oposición en todos los ámbitos institucionales y políticos hasta conseguir la derogación o modificación sustancial de una norma que nunca debería haber sido aprobada.
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