Ya está el programa de Sumar y con él ha llegado de nuevo el ataque a las compañías eléctricas. Y además lo hace sin tapujos la formación que dirige Yolanda Díaz ataca al corazón de las grandes compañías eléctricas.
Así, la medida estrella es la separación de los negocios no regulados (comercialización y generación) de la distribución eléctrica.
"Reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante", reza la medida en su programa.
"Impedir definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo. La existencia de monopolios naturales, como es el caso de las redes eléctricas, requiere de palancas regulatorias para que exista competencia. En la práctica, la separación entre actividades reguladas y no reguladas no es efectiva. En particular, impondremos una separación estricta de la actividad de distribución, del mismo modo que sucede en transporte".
Otra de las medidas es la creación de una empresa pública de energía que gestione la energía de las centrales hidroeléctricas cuya concesión vayan finalizando los próximos años.
"Se creará una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones, estableciendo los mecanismos adecuados que permitan a las zonas afectadas por la instalación de estas centrales un mayor beneficio económico, como fórmula de compensación por la servidumbre soportada durante décadas", señala una de las medidas del programa.
Además, Sumar propone muchas medidas energéticas, entre las que destacamos las siguientes:
Acceso universal a la energía en un sistema tarifario progresivo. Proponemos un sistema tarifario para el consumidor doméstico, que sea progresivo y tenga en cuenta las características de la unidad familiar. Este sistema asegurará un consumo mínimo vital garantizado para los primeros 1.500 kWh/año, con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y peajes, convirtiéndose automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables.
El sistema irá incrementando el IVA y los costes regulados de modo proporcional al consumo en tres tramos: Consumo normalizado, que es el hogar promedio español (entre 1.500 kWh/año hasta los 4.000 kWh/año) con un IVA del 10%, pero eliminando las asimetrías por las que el sector residencial subvenciona a la industria. Sobreconsumo, con IVA del 10% pero mayor participación en costes regulados. Y Sobreconsumo excesivo (más de 7.500 kWh/año), que incrementará el coeficiente de cargos y con el IVA al 21%.
Crear un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables. Con el fin de contribuir a que el proceso de implantación de las energías renovables sea también un instrumento que permita vertebrar mejor el país y contribuir al reto demográfico de fijar población en la España vaciada, crearemos un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables, similar al Fondo Soberano Noruego del Petróleo, cuyo objetivo será financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y en el mundo rural, así como mejorar la dotación de servicios públicos de estos territorios.
Reforma del mercado marginalista con el objetivo, a medio plazo, de eliminarlo y sacar, a corto plazo del mercado las energías inframarginales no gestionables, como la nuclear. También apostaremos por todos los mecanismos bilaterales y a plazo, tanto por PPA (Power Purchase Agreement) como por CFD (Contract for Difference). También realizaremos subastas de capacidad, incluyendo almacenamiento e inclusión de la demanda y almacenamiento en consumo.
Recuperación de utilidad pública de la electricidad, incorporando como derecho el acceso universal y la disponibilidad de una señal precio que refleje con transparencia los costes reales que se originan, así como el pago por uso. Este objetivo se cumplirá a través de las siguientes medidas: normas de estabilidad en el funcionamiento del mercado mayorista, la modificación del marco retributivo de Renovables, Cogeneración y Residuos (RECORE), la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y la gestión y el reparto de los ingresos por CO2.
Sumar se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear, exigiendo revisiones e inversiones para garantizar la seguridad del proceso y subrayando la responsabilidad de los propietarios en el mismo. Mientras tanto, se propone sacar la energía nuclear del mercado marginalista por su efecto distorsionante, incrementar la tasa de residuos radiactivos y asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores vinculados al sector.
Fomentar el autoconsumo colectivo. Avanzar hacia la flexibilización de la instalación del autoconsumo, especialmente el colectivo, para lograr el objetivo de que el 10% de la energía eléctrica demandada en 2030 proceda de instalaciones de autoconsumo.
La rehabilitación de 500.000 viviendas 100% eléctricas al año, un 3% del parque inmobiliario de primera vivienda, con el compromiso público de ejecutar la rehabilitación de 250.000 viviendas adicionales al año que pertenezcan a familias vulnerables.
Gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil, responsable directa del cambio climático.
Prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles, por ser productos nocivos para la salud y responsables de los cada vez mayores impactos del cambio climático en nuestro país.
Apuesta por el hidrógeno renovable. Apostaremos por el despliegue racional del hidrógeno renovables atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético. El hidrógeno renovable tendrá un papel que cumplir en una economía 100% descarbonizada
Modernización de nuestra imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales. España va muy rezagada en el ámbito de la llamada «fiscalidad verde», es decir, la que favorece las buenas prácticas ecológicas y anima a reducir las prácticas perjudiciales para el medio ambiente. No podemos permitirnos seguir rezagados. Esta revisión, en el ámbito de la energía, de la movilidad, de las reducciones de gases de industrias y del transporte, del fomento de la economía circular o la agricultura ecológica, se hará teniendo siempre en cuenta sus efectos distributivos y estableciendo mecanismos de compensación a los colectivos más vulnerables económicamente con la finalidad de que la transición energética cumpla los principios de justicia distributiva.
Acceso garantizado a los suministros básicos de agua, energía y calefacción a todos los hogares. Se impedirá el corte de estos suministros a las familias y personas en situación de vulnerabilidad. Se implantará un nuevo sistema tarifario para el consumidor doméstico que sea progresivo en relación con el consumo, incluyendo las características de la unidad familiar. En especial, se establecerá una tarificación social que asegure el acceso a un consumo mínimo vital de agua y energía (gas y electricidad). También se facilitará el cambio a sistemas de climatización y agua caliente con energías renovables, así como la rehabilitación energética de viviendas para reducir las necesidades de suministro.
Parsa
06/07/2023