La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que el Gobierno llevará al Parlamento próximamente una propuesta para reformar el mercado mayorista de la electricidad, dar coherencia a la fiscalidad sobre la luz y regular el almacenamiento.
Ribera, en respuesta a una interpelación del senador popular Arturo Pascual Madina, ha reiterado que su departamento va a adoptar de forma inmediata medidas de choque para aliviar el impacto del incremento del precio de la electricidad en la factura de los consumidores, como la suspensión del impuesto a la generación del 7 % o la ampliación del bono social.
No obstante, ha manifestado que "todo ésto no sirve para nada, si no se abordan aspectos fundamentales que requieren reformas, como son el funcionamiento del mercado, la coherencia del sistema fiscal y la necesidad de regular el almacenamiento "como eje central para el éxito de la transición energética".
Ha señalado que esas tres grandes áreas de actuación se verán reflejadas en la propuesta que el Gobierno enviará al Parlamento y ha señalado que para "dar coherencia" al sistema fiscal de la electricidad se verá qué funciona en el mismo y qué parte de él envía "señales contradictorias" que deben corregirse.
Asimismo, ha dicho que otro de los objetivos de la propuesta será regular y racionalizar el almacenamiento.
La ministra, en respuesta a la intervención del senador, que ha defendido las políticas energéticas del anterior Gobierno del PP, ha criticado que se subastaran de golpe en un año 8.000 megavatios de potencia renovable "con arreglo a mecanismos que fueron criticados por observadores internacionales".
Además, ha señalado que para que se puedan desarrollar los proyectos hay que facilitar el acceso y conexión a la red de las nuevas instalaciones, pero, sin embargo, el anterior ministro, Álvaro Nadal, envió la propuesta de ese real decreto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya con la moción de censura del PSOE aprobada, con lo que "mucha prisa no debía tener".
También ha señalado que para la integración de las renovables en el sistema eléctrico serán necesarias inversiones y a ello no ayuda la imagen de inseguridad que dio el Estado español cuando gobernaba el PP al cambiar la retribución a las renovables, por las que hay demandas por valor de 10.000 millones de euros en cortes internacionales y de casi 5.000 millones en pleitos en la jurisdicción nacional.
En cuanto a la protección a los consumidores vulnerables, la ministra ha dicho que, aunque la nueva regulación del bono social acordada en el Parlamento representó una mejora, el esfuerzo para darlo a conocer ha sido insuficiente o "insuficientemente conocido", pues hay consumidores que no encontraban manera de acceder a la información y se encontraban con barreras burocráticas que no podían superar.
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