La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que el almacén de gas Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), no generó ningún daño ambiental, aunque sí tener que pagar "la gestión de una infraestructura enormemente costosa e innecesaria".
Ribera, en respuesta a quienes le han recordado en la Comisión para la Transición Ecológica que fue ella quien firmó la declaración de impacto ambiental (DIA) de esa instalación como secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que ella firmó la DIA, tal y como establece la ley, porque siempre ha tenido una "confianza inmensa" en los funcionarios de su equipo.
No obstante, ha manifestado que "el lío del Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental", durante cuya tramitación ha dicho que la seguridad fue la preocupación principal y se consideró solventada por un sistema de alertas tempranas para la detección de incidentes.
Ha afirmado que el propio Instituto Tecnológico de Massachussets, MIT por sus siglas en inglés, al que se encargó un informe para ver la forma de proceder con el almacén después de producirse los terremotos en Vinaròs dijo que en el caso de la DIA en esos momentos no se podía hacer más de lo que en esos momentos se hizo.
Ha indicado que, no obstante, el almacén de gas submarino Castor, que tuvo que ser paralizado e hibernado tras los movimientos sísmicos generados por la inyección de gas en el mismo, deja dos lecciones que extraer, una que, pese lo "excelentes" que puedan ser los técnicos, hay que saber "qué riesgos queremos correr".
En este sentido, ha señalado que ha llegado el momento de plantearse para qué se quieren correr ciertos riesgos, pues si el gas es una fuente de energía de transición y "con fecha de caducidad", los combustibles fósiles "lo son aún más".
Por eso, ha indicado que habría que plantearse si se quiere activar un marco de restricciones más importantes al que hay ahora en las prospecciones marítimas de hidrocarburos.
Ribera ha señalado que otra de las lecciones que hay que extraer del almacén de gas Castor, a cuya promotora y concesionaria Escal UGS, participada por ACS, se le indemnizó con 1.350 millones por la rescisión de esa concesión, es que la cobertura de riesgos que se hizo es "manifiestamente mejorable".
Ha añadido que del proyecto Castor hay que extraer conclusiones de "cosas que no deben ocurrir" y por eso, ha advertido acerca de la ejecución de grandes infraestructuras e interconexiones sin preguntarse para qué, pues ya ha ocurrido en el pasado que "años después todo el mundo se tira de los pelos y se da cuenta de que hemos hipotecado nuestra economía con infraestructuras cuya utilidad no es la que se pensó".
Miguel
11/07/2018