La fontanera del Partido Socialista (PSOE), Leire Díez, tenía una agenda repleta de causas que se están dirimiendo en la Justicia española. Está claro el fin para el que trabajaba, influir en los distintos casos donde el PSOE pudiera verse salpicado.
Durante toda la documentación de su caso, a la que ha tenido acceso este diario, se ven múltiplos apuntes sobre la trama Hidrocarburos, una de sus especialidades. En este caso, los distintos apuntes tienes dos grandes ramificaciones, por un lado Aldama y sus tentáculos hacia PDVSA, República Dominicana y como traerse petróleo del caribe hacia España, y por el otro, Alejandro Hamlyn, uno de los mayores piratas de la trama Hidrocarburos al que intenta ayudar a cambio de información para tratar de influir en la Fiscalía, la UCO u otro organismo.
Según distintas informaciones, todo lo relacionado con Aldama era poder obtener información para chantajearlo de alguna manera con tal de que frenara sus ataques contra el Partido Socialista, y es en la trama de Hidrocarburos, la otra causa por donde se podría meter mano para que no siguiera soltando de la manta sobre Ábalos, Koldo y la posible y/o presunta financiación irregular del partido.
En el otro caso ya son conocidas las informaciones que publicó El Confidencial cuando saltó el caso de las cloacas socialistas. Las reuniones entre Hamlyn con Leire Díez, Pérez Dolset etc para tratar de influir de alguna manera en algunos casos, llegando a prestarse a inventar información o pruebas contra personas que estaban trabajando en alguna causa contra el partido.
El objetivo era claro, Hamlyn pasaba información a cambio de obtener el perdón del Gobierno, un nuevo pasaporte para el 'empresario' para trabajar en su regreso a España. Cabe recordar que Hamlyn es culpable de estafar varios millones a la Hacienda española a través de su empresa Hafesa (ahora Hatta Energy) con la que dejó de pagar varias decenas de millones de euros.
Obsesionada con Repsol
Otro de los apuntes interesantes en materia energética es el relacionado con Repsol, donde se puede ver que Díez debe tener alguna orden para tratar de influir o derrocar a esta empresa o a su cúpula. El dueto Imaz-Brufau ha sido un duro grano en el zapato para el partido. Han sido de los pocos empresarios que han atacado la política energética de este gobierno y su obsesión por penalizar el negocio de la petrolera.
Ya han salido varias informaciones al respecto de Repsol cuyo interés no era otro que el de acabar con esa cúpula y que los tentáculos socialistas llegaran a la petrolera tal y como hicieron en otras empresas del Ibex35 durante los últimos años.
Entre los apuntes de Díez se pueden ver escritos sobre el presunto interés de Repsol en Guínea y sus posibles relaciones con Nigeria y Argelia sobre todo en el ámbito del gas.
El caso Isofotón
Ya fuera de lo que son los hidrocarburos, Leire Díez, tenía apuntes sobre el caso Isofotón, uno de los grandes casos de corrupción del PSOE Andaluz. Tenía que ver la fontanera la posible relación de la candidata María Jesús Montero con esta causa en la que se estaba investigando posibles ayudas irregulares por parte de la Junta hacia esta empresa, fabricante de paneles solares ya desaparecida a pesar de inyectarle decenas de millones de euros.
Parecía que todo más o menos se cerraban los trabajos de Díez a todo esto, pero las cloacas estaban a todo lo que se movía y este sector energético en los últimos años ha estado en boca de todos por lo que la fontanera ha tratado de inmiscuirse en todos los casos y no son pocos.
Rescate a Tubos Reunidos
Pero el rastro energético de Leire Díez no se agota en los audios, ni en la derivada de hidrocarburos que salpica a Víctor de Aldama o Alejandro Hamlyn. En paralelo a esa pata de la investigación, los documentos incautados y las diligencias conocidas dibujan otro mapa de intereses, gestiones y posibles intermediaciones en torno a compañías estratégicas, rescates públicos, renovables, empresas participadas por la SEPI y operaciones empresariales de alto valor. Un tablero en el que aparecen Tubos Reunidos, Abengoa, proyectos renovables en Navarra, Forestalia y ENUSA, la compañía pública del ciclo nuclear en la que la propia Díez llegó a trabajar.
Uno de los episodios más relevantes es el rescate de Tubos Reunidos. La compañía alavesa, fabricante de tubos de acero sin soldadura y con fuerte exposición internacional, recibió en 2021 una ayuda pública de 112,8 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Aquel salvamento, justificado oficialmente por el impacto de la pandemia y por el carácter industrial estratégico de la empresa, ha pasado ahora a formar parte del foco investigador por las presuntas gestiones de intermediación atribuidas al entorno de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso.
La UCO sitúa esa operación entre las actuaciones bajo sospecha porque, según la investigación, Servinabar habría planteado activar resortes políticos para empujar el rescate. En los documentos conocidos se apunta incluso a una posible “presión del PNV ante el Gobierno” para favorecer la aprobación de la ayuda, con la expectativa de obtener una compensación por la mediación. El caso resulta especialmente sensible porque Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, aparece en el núcleo de la trama investigada, y porque el rescate de Tubos Reunidos fue una de las operaciones más relevantes autorizadas por el holding público en aquella etapa. La Guardia Civil también ha registrado sedes de la compañía y ha requerido información a la SEPI en el marco de estas pesquisas.
Subasta de Abengoa
Sin embargo, el interés por Tubos Reunidos no aparece como una actuación aislada, sino como parte de una lógica más amplia: situarse en puntos de fricción entre empresas necesitadas de apoyo público, organismos estatales con capacidad decisoria y contactos políticos capaces de acelerar expedientes. Esa misma lógica explica que el nombre de Abengoa aparezca en el relato de los tentáculos energéticos de Díez. La histórica ingeniería sevillana, arrastrada durante años por su crisis financiera y su posterior liquidación, fue objeto de una subasta de unidades productivas que acabó con Cox Energy como adjudicataria. La operación era estratégica no solo por el peso simbólico de Abengoa en Andalucía, sino por su cartera industrial ligada a energía, agua, ingeniería y renovables.
La derivada de Abengoa encaja en el patrón que investiga la Guardia Civil: empresas en situación delicada, activos industriales con valor, procesos concursales o de adjudicación y un ecosistema de intermediarios que buscaban entrar en contacto con actores públicos o privados decisivos. Aunque la subasta de Abengoa tuvo su propio recorrido judicial y empresarial, su inclusión en el perímetro informativo de este caso refuerza la idea de que Díez y su entorno no se movían solo en el ámbito policial o judicial, sino también en operaciones económicas con fuerte componente energético e industrial.
Proyectos de renovables
Otro de los capítulos que conecta directamente con el sector energético es Navarra. Los documentos señalan contactos y menciones a proyectos renovables en la comunidad foral -donde también se incluye en las anotaciones a Red Eléctrica-, con especial atención a la posibilidad de desbloquear iniciativas que necesitaban autorizaciones o apoyos administrativos. En ese contexto aparecen nombres como María Chivite y Teresa Ribera, citados en frases como "se va a hablar directamente entre María Chivite y Teresa MITECO" o "esperando si se necesita mayor apoyo", en relación con gestiones para facilitar un proyecto renovable en Navarra. La referencia es relevante porque coloca el foco en el Ministerio para la Transición Ecológica y en el papel de las administraciones autonómicas en la tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos, un terreno donde los permisos, los puntos de conexión y las declaraciones ambientales son decisivos.
Forestalia es la pieza que mejor representa esa conexión entre renovables, Aragón, Navarra y la presunta red de influencias. La compañía zaragozana, uno de los grandes promotores privados de energía eólica, solar y biomasa en España, aparece entre las empresas registradas por la UCO dentro de la causa vinculada a Leire Díez. En una de las anotaciones manuscritas incorporadas al sumario aparece expresamente citada "Forestalia" junto a referencias a reuniones, interlocutores políticos y la obtención de documentación, dentro de una agenda de asuntos considerados prioritarios por la autora de las notas.
Ahora la investigación analiza si hubo maniobras para facilitar autorizaciones o desbloquear expedientes favorables para Forestalia. En ese punto, el interés energético se mezcla con el político: no se trata solo de una empresa privada promoviendo parques renovables, sino de la posibilidad de que una red de intermediación tratara de aprovechar contactos institucionales para influir en decisiones administrativas.
Enusa, casa conocida
ENUSA añade una dimensión distinta y especialmente delicada. La Empresa Nacional del Uranio, participada por la SEPI y por el Ciemat, es una sociedad pública estratégica para el abastecimiento de combustible nuclear, la ingeniería del ciclo del uranio y la gestión de actividades ambientales asociadas. No es una compañía cualquiera dentro del mapa energético español: trabaja en un sector regulado, sensible y directamente vinculado a la seguridad de suministro y al funcionamiento del parque nuclear.
La relevancia de ENUSA en esta historia es doble. Por un lado, la UCO registró la compañía dentro de la investigación sobre la presunta trama, junto a otras empresas como Mercasa, SEPI y Forestalia. Por otro, Leire Díez trabajó en ENUSA, lo que convierte a la empresa en un punto de conexión personal, profesional y operativo con la investigada. La compañía aparece mencionada en repetidas ocasiones en el material vinculado a la causa, lo que sugiere que no era una referencia accidental, sino uno de los nombres presentes en el entorno de relaciones y oportunidades que se investigan.
Ese vínculo con ENUSA refuerza la hipótesis de que Díez conocía desde dentro parte del entramado público empresarial ligado a la SEPI. Su paso por una empresa pública energética pudo facilitarle conocimiento de procedimientos, contactos y dinámicas internas en un ecosistema donde las decisiones no dependen solo de criterios empresariales, sino también de autorizaciones públicas, nombramientos, consejos de administración y equilibrios políticos.
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