Transparencia Internacional llama la atención sobre la influencia indebida del 'lobby' eléctrico

El capítulo español de Transparencia Internacional acaba de publicar el informe Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas, que examina la situación de la práctica del lobby en nuestro país en el que alerta de la vulnerabilidad de España frente a la «influencia indebida» de los lobbies o grupos de presión y pone de manifiesto que decisiones públicas importantes se toman envueltas en secreto, e incluso identifica algunos sectores económicos donde se han traspasado los límites, apuntando, entre otros, al sector eléctrico.

El informe señala que en España está muy instalada la creencia de que el dinero “compra” influencia en la política. Igualmente**, entre los ciudadanos españoles está extendida la percepción de que negocios y corrupción van de la mano** (EU Anti-Corruption Report, Comisión Europea 2014). Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% considera que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas.

Un 84% de los españoles cree que el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos. Los datos de percepción reflejan los múltiples escándalos de sobornos y tráfico de influencias que han sido portada de la prensa de forma continua en la última década. Pero también existe una conciencia difusa de que ciertas grandes corporaciones y grupos de interés influyen de forma indebida (aunque no necesariamente ilegal) en la toma de decisiones políticas. Ejemplos de ello incluyen la financiación de los partidos, el uso de las puertas giratorias o la amenaza de la desinversión para paralizar cambios normativos necesarios.

Así pues, la situación poco clara del lobby en España, y los sucesivos escándalos de corrupción, producen una incómoda sensación de que el campo de juego no está equilibrado y la toma de decisiones sesgada en diversos ámbitos de políticas a favor de los más poderosos económicamente.

El caso energético

El informe recoge 10 casos ilustrativos, de los que tres están dedicados íntegramente al sector energético, uno dedicado a La influencia de las empresas de energía, otro a _El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, y _un tercer_o en el que  _se complementa información sobre las puestas giratorias en el sector energético.

El informe hace un breve repaso sobre el proceso de liberalizacion del sector llevado a cabo en las dos últimas décadas. Los autores del informe consideran que España ha seguido el ritmo regulatorio impuesto por Bruselas en los procesos de liberalización y que durante este proceso numerosas leyes y normas han sido aprobadas por los sucesivos gobiernos, de forma impredecible y discontinua, poniendo sucesivos parches y generando una maraña regulatoria. En este contexto**, para comunicarse con la Administración la industria** tradicionalmente ha optado por una interlocución basada en un diálogo directo con los altos niveles de decisión política. Para ello, ha apostado por la estrategia de contratar a ex altos cargos de la Administración, esperando así agilizar sus relaciones con el gobierno y obtener estabilidad jurídica.

El informe de Transparency International España  advierte de que el mecanismo de las puertas giratorias, aun siendo a veces ineludible por falta de suficiente formación especializada a los cuerpos de expertos en la Administración, entre otras razones, siempre genera riesgos para el interés general.

Puertas giratorias

Precisamente, el informe recoge un apartado explicativo dedicado a las puertas giratorias en el sector energético en España, en el que dice textualmente que “en los últimos años el sector que más ex políticos ha incorporado a sus consejos de administración o como asesores ha sido el energético. De los últimos tres ex presidentes del gobierno, dos han asesorado a importantes empresas energéticas españolas. Como asesor externo de Endesa fue fichado en 2011 el ex presidente José María Aznar, mientras que su antecesor Felipe González ejerció desde 2010 como consejero independiente de Gas Natural”.

El informe también destaca que “la presencia de ex ministros y ex altos cargos del Estado y de las Comunidades Autónomas como consejeros de las empresas eléctricas también es significativa”. Y prosigue el informe: “ Algunos casos que dan cuenta de la alta permeabilidad de esta práctica en el sector han sido más expuestos mediáticamente debido a la relevancia política de sus protagonistas: entre otros, Elena Salgado, tan sólo cuatro meses después de dejar la vicepresidencia y la cartera económica del Gobierno, fue incorporada como consejera por una filial de Endesa en Chile; Pedro Solbes, igualmente ex vicepresidente económico se decantó finalmente por la italiana ENEL que le contrató como consejero dos años después de su salida del ejecutivo 182; o José Folgado, ex secretario de Estado de Energía en la séptima legislatura y ex alcalde del municipio de Tres Cantos, cargo al que renunció al aceptar la presidencia de Red Eléctrica”.

El informe da un repaso a lo que ha sido la reforma energética emprendida por el actual Gobierno y cuando se refiere al recorte de las retribuciones de las renovables  señala que “la medida pudo haber tomado por sorpresa al sector de las energías renovables, que según diversos medios  no había sido consultado, mientras que pareció satisfacer a las compañías eléctricas: el presidente de la patronal del sector, UNESA, calificó la reforma de “valiente”.

Autoconsumo

El informe también destaca como un caso de influencia en la normativa el desarrollo de instalaciones de pequeño tamaño a través del autoconsumo de energía.” Desde el punto de vista de la competencia –dice el informe- el autoconsumo es una fuente de presión competitiva para el resto de suministros convencionales, contribuyendo a mejorar la competencia efectiva en este sector”.  Por ello, advierte de que si se extendiera entre la población la promoción de este tipo de consumo energético, incidiría negativamente en la cuenta de resultados de las principales compañías del sector eléctrico, pues reduciría sus ingresos sin apenas reducir sus gastos al tener que mantener un apoyo al autoproductor/autoconsumidor.

El informe señala que los lobbies eléctrico y renovable iniciaron una batalla que se plasmó en un cruce de acusaciones sobre quién era el responsable del inasumible déficit de tarifa. Las campañas se sucedieron. El final –de todos conocido y cuyo último capítulo se produjo el pasado viernes con el anuncio de Industria  de que la norma estará lista antes de julio-  es que el texto incorpora el peaje de respaldo apoyado por las eléctricas, punto en el que el informe hace referencia al informe preceptivo de la CNMC, que califica el peaje de “discriminatorio” y en el que el  advierte de que por la urgencia de todo el proceso regulador “no se garantiza la participación efectiva de los distintos actores involucrados”».

Conclusiones

En suma, ante la lógica contraposición de intereses, la impresión de algunos es que “el Ejecutivo regula la actividad de autoconsumo para desincentivarla, atendiendo a las peticiones de las compañías eléctricas y a contracorriente de la regulación que promueven actualmente otros países europeos como Alemania”. El informe señala que en el desarrollo de este proceso regulatorio parece indicar que la decisión del Ejecutivo fue más política que técnica y que no se escuchó o atendió por igual a todas las partes que tenían interés en la elaboración de estas normas. Lo cual indica cuanto menos que los procesos seguidos no son percibidos como suficientemente claros o transparentes, ni como procesos que den oportunidad de participación a los distintos intereses, a menudo contrapuestos, de las patronales, de las organizaciones sociales y del público en general**. Probablemente, si hubiera más transparencia, estas impresiones se podrían contrarrestar con argumentos sólidos del Ejecutivo, pero ante la opacidad, la apariencia de sesgo es innegable.**

Transparency International identificamos, entre otros, los siguientes grupos de interés o lobbies:

• Sector eléctrico (UNESA) y el sector nuclear (Foro Nuclear): Hay cierta opacidad sobre los costes no regulados, en particular los de las centrales nucleares. Estos costes no impactan en el déficit de tarifa pero sí en el precio final al consumidor. Por contra, los costes regulados son publicados en el BOE, aunque no sean del todo accesibles para no expertos.

• Sector de energías renovables [APPA, AEE, Protermosolar, Anpier, Unef...: Hoy día podemos concluir que la apuesta en España por las energías renovables se llevó a cabo con una mala planificación y una insuficiencia de mecanismos de control. En concreto con respecto a la energía solar fotovoltaica, la autorización administrativa para instalar paneles solares era competencia de las Comunidades Autónomas, que fueron dianas de lobby, mientras que el pago de primas por estas instalaciones era fijado por el gobierno central. Así, se superó rápidamente en 1000% el objetivo indicativo del gobierno. Las eólicas no presentaron tanto problema y se cumplió el objetivo, siendo además la producción de electricidad más barata.
• Sector de la gran industria (AEGE): Alrededor de 40 grandes empresas de sectores industriales, agrupadas en la Asociación de Empresas de gran Consumo de Energía (AEGE), son las que disponen en España de la tarifa de electricidad más baja.
• Sector del carbón nacional (Carbunión): Desde 2010, el carbón nacional recibe un apoyo estatal para pagar su sobrecoste frente a las centrales de gas natural.

El informe señala a modo de conclusión final que “el principal riesgo que se identifica en el sistema es la opacidad en la toma de decisiones y, tal vez, la falta de consideración igualitaria de los intereses de todas las partes interesadas en los procesos de desarrollo normativo. En este sentido, se observa que la ausencia de regulación de la práctica del lobby ha podido provocar que se regule en ocasiones escuchando más a unos —sector eléctrico tradicional, consumidores industriales de electricidad—, que a otros, llegando incluso a establecerse medidas en contraposición con las Directivas Europeas de energías renovables y eficiencia energética .

Por último, destacar la conclusión del informe en torno al caso del cierre de Garoña, sobre el que dice textualmente: “Queda patente en este caso la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones en el sector energético, tanto desde el sector privado como desde el público. La imagen de las compañías eléctricas ha quedado también muy dañada, tras un proceso de toma de decisiones de gran interés e impacto público, que ha resultado sin embargo muy opaco a ojos de la ciudadanía”. Así es como ve al sector la sociedad civil.