La batalla legal por el futuro de la energía eólica marina en Estados Unidos suma un nuevo capítulo, aunque sin desenlace inmediato. Un juez federal en Virginia ha optado por aplazar su decisión sobre la demanda presentada por Dominion Energy contra el Gobierno estadounidense, a la espera de recibir información clave que la Administración considera confidencial y que está en el centro del conflicto.
El caso se remonta a la orden emitida por el Departamento del Interior para detener los trabajos en cinco parques eólicos marinos que ya estaban en fase de construcción. Entre ellos se encuentra Coastal Virginia Offshore Wind, el ambicioso proyecto de Dominion Energy que debía comenzar a generar electricidad a principios de 2026. La Casa Blanca justificó la paralización alegando posibles riesgos para la seguridad nacional, al sostener que las turbinas podrían interferir en sistemas de radar utilizados con fines militares, una afirmación basada en estudios elaborados por el Pentágono y clasificados.
Dominion reaccionó recurriendo a la Justicia y denunciando que la decisión del Ejecutivo vulnera la Constitución y las normas que regulan la actividad del organismo federal encargado de la gestión de los océanos. En sus escritos, la compañía advirtió de que el parón le supone pérdidas cercanas a los cinco millones de dólares diarios y pone en riesgo tanto el calendario del proyecto como la fiabilidad del sistema eléctrico, en un momento de creciente demanda de energía.
Medida cautelar
El juez federal Jamar Walker, que examina el caso, ha evitado pronunciarse por el momento sobre la solicitud urgente de la empresa para reanudar los trabajos. En su lugar, transformó la petición en una solicitud de medida cautelar, lo que abre la puerta a autorizar la continuidad de las obras mientras se resuelve el litigio. No obstante, dejó claro que para evaluar esa posibilidad necesita acceder a la información en la que el Gobierno sustenta la orden de paralización.






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