Un nuevo impuesto al diésel a cambio de una rebaja en la factura de la luz

El Gobierno se empecina en aumentar el precio de los combustibles para los consumidores. Primero, fue la subida del impuesto al diésel, que gracias al PNV, finalmente se quitó de los PGE de 2021. Algo que ya sabían que iba a suceder en Moncloa. No tardaron ni media hora en decírselo a Ciudadanos. Fue una herramienta para contentar al PNV con alguna cesión en la negociación de los presupuestos.

Pero el Gobierno, con Teresa Ribera a la cabeza, lo que busca es penalizar a las petroleras como sea. Ahora lo que prima son las renovables, lo verde y las petroleras y sus productos petrolíferos no cuentan en la ecuación del Ministerio, a pesar de sus esfuerzos por descarbonizar sus negocios. Tanto es así que este martes Ribera ha dado una vuelta de tuerca más en su ataque contra las petroleras.

Ahora quiere que las primas a las renovables, desorbitadas por el descontrol absoluto del por entonces ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, lo paguen los consumidores a través de distintas facturas. Ya no solo en el recibo eléctrico, sino también en el de la calefacción de millones de españoles y la factura de las recargas de los depósitos de gasolina de los coches.

Es decir, que ahora las primas a las renovables las seguirán pagando los consumidores, pero en diversas facturas. Los 7.000 millones hay que seguir pagándolos a las 60.000 plantas de renovables que se benefician de tan grata prima por producir energía.

El Gobierno lo ha querido vender como una rebaja de la factura de la luz, pero realmente no será para tanto, porque las propias eléctricas seguirán repercutiendo en sus precios de oferta de generación los altos impuestos eléctricos de la Ley 15/2012, más el cada vez más alto precio del CO2. Y por otro lado, las comercializadoras de electricidad seguirán cobrando a los consumidores su parte de la aportación al fondo de nueva creación. ¿Habrá rebaja en el recibo eléctrico? Sí, pero habrá que ver si será del 13% como indica el Gobierno.

El nuevo reparto de los costes de las renovables se acabará repercutiendo al consumidor, por mucho que desde el Gobierno se pretenda lo contrario, o al menos, pretende dejar a las empresas como las malas de la película y ellos los que consiguen ahorros en la factura de la luz.

Pero lo que uno se ahorra en la factura de la luz, que como digo está por ver hasta qué punto llega, luego está el encarecimiento de las otras facturas de las que ya no gusta tanto hablar por el Ministerio.

Según la Memoria del Anteproyecto de Ley de Creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, el sector petrolero se hará cargo del 43,70% de la aportación al fondo según las estimaciones de ventas de energía en todos sus productos. Esto significa que serán 2.085 millones de euros a aportar durante los próximos cinco años, y a partir del sexto tendrá que hacerlo ya cada año esa aportación de 2.000 millones.

Si esos 2.000 millones lo trasladamos a céntimos de euro por litro de gasolina, aproximadamente los carburantes subirán en el entorno de los 6-7 céntimos durante los cinco años. Es decir, que se va a aplicar una subida superior en cinco años a la subida del impuesto al diésel que pretendía el Gobierno meter a a través de los PGE de 2021.

Y a partir del 1 de enero de 2026, esos 7 céntimos se quedarán ahí hasta que se acabe de pagar las primas a las renovables. Está previsto que los costes de las renovables se extiendan en algunos casos a finales de la década de 2020 pero que en algunos casos o instalaciones se vaya más allá de 2035.

En total, suman 4,765 millones, a lo que hay que añadir los ingresos de los impuestos eléctricos y alguna partida que pueda salir de los PGE.

A partir de ahora toca negociar con el resto de partidos políticos, incluso con aquellos que apostaron por quitar la subida del impuesto al diésel. Lo único bueno es que dicha subida se fraccionará cada año por lo que no se notará mucho, pero en cinco años serán 7 céntimos más cara la gasolina para los españoles.

Y todo porque el sistema eléctrico se ha vuelto a ir de madre. Este martes se conoció que en 2019 el sistema eléctrico arrojó un agujero de 528 millones de euros, que han sido tapados gracias al superávit que obtuvo el sistema cuando estuvo el PP en el Gobierno.

Para este 2020 se espera que el desajuste alcance los 1.500 millones de euros, y como solo hay otros 500 millones de superávit, España rompería en mil pedazos el acuerdo con Bruselas de no superar el déficit de tarifa eléctrica del 2%. Cabría la posibilidad de recibir una dura multa si esto se llega a producir.

Dicho agujero de 1.500 millones iba a repercutir en la factura de la luz de todos los consumidores, con una subida importante, pero con esta creación del fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico se consigue de un plumazo eliminar la futura subida de la luz en 2022.

En definitiva, es cambiar la forma de pago, en vez de una factura de la luz más cara, los consumidores tendrán que pagar un carburante más caro. ¿Se imaginan que en la factura de la luz nos meten el coste de la descarbonización de las petroleras? Pues se ha hecho lo mismo, pero al revés.