n tribunal de distrito de La Haya se declaró este miércoles competente para juzgar las denuncias de cuatro mujeres contra la petrolera Shell por la presunta complicidad de la compañía en la ejecución de sus maridos en Nigeria, aunque pidió más evidencias para poder continuar con el caso.
El litigio trata la supuesta influencia de Shell en la represión del Gobierno de Nigeria contra el pueblo ogoni, al sur del país, por su lucha contra la construcción de oleoductos.
Según las denuncias que las cuatro mujeres pusieron en 2017 en La Haya, la petrolera sobornó a ocho testigos para que dieran falso testimonio en el juicio contra nueve activistas del pueblo ogoni detenidos en 1994, los cuales fueron condenados a muerte y ejecutados un año más tarde.
Shell negó las acusaciones en todo momento y pidió al tribunal que se declarara incompetente, pero el auto judicial exigió a la compañía que entregue a los abogados de las demandantes comunicaciones internas de sus oficinas, pues podrían aclarar lo sucedido.
La petrolera tiene 21 días para cumplir la orden y, de no hacerlo, se arriesga a una multa de un máximo de 50.000 euros. Los abogados de las cuatro mujeres no podrán hacer públicos dichos documentos.
De esta manera, las demandantes tendrán la posibilidad de demostrar que se produjeron los sobornos, algo que de momento no han conseguido, aclaró el auto judicial.
El tribunal basó su decisión en informes de ONG observadoras del juicio contra los activistas en 1994, como Human Rights Watch, que mencionaban supuestos pagos a testigos.
El jefe de Negocios y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Mark Dummett, celebró la decisión en un comunicado y dijo que "Shell ahora podría enfrentarse a preguntas en un tribunal de justicia sobre lo que sabían y sobre cómo contribuyeron a este horrible acontecimiento en la historia de Nigeria".
El auto judicial, que es provisional, "es un paso vital" para aclarar lo sucedido y "establece un importante precedente para otras víctimas en todo el mundo que buscan responsabilizar a las corporaciones poderosas y que luchan por acceder a la justicia", añadió Dummett.
Entre las cuatro mujeres denunciantes estaba Esther Kiobel, quien presentó una demanda por los mismos hechos en Estados Unidos en 2002, pero que fue rechazada once años más tarde por la Corte Suprema de este país.
Por otro lado, el tribunal de distrito de La Haya rechazó que la compañía estuviera obligada a utilizar su influencia para pedir de forma pública un juicio justo contra los nueve activistas ejecutados, tal y como habían reclamado las denunciantes.
El tribunal añadió que Shell le hizo llegar a las autoridades nigerianas su preocupación por los acusados e hizo una solicitud de clemencia para evitar la condena a muerte.
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