El informe debería ser una sólida base para el diseño de las futuras políticas energéticas nacionales de eficiencia, siendo como es un tema clave para muchas tecnologías -entre ellas la cogeneración-, ya que abarca el 10 por ciento del consumo de energía final, incidiendo sobre el 20 por ciento del total que supone el calor y el frío, es decir donde se utiliza la mitad de la energía que consume el país.
No cabe duda de que el trabajo tecnológico presentado es impresionante. Se han cruzado, contando con permisos especiales, los datos del catastro de viviendas, poniendo al servicio de la eficiencia a las tecnologías de la información. Sin embargo, el informe se cercena y pierde sentido a la hora de poner a trabajar a los potenciales detectados, en un claro direccionamiento contrario a la eficiencia energética en las políticas del actual Gobierno. La propia presentación del IDAE considera los resultados “como una primera aproximación”, y lo es, porque defrauda totalmente las expectativas de los sectores empresariales y las industrias implicadas.
La publicación del informe -que era obligada por la Directiva de Eficiencia 2012/27/UE-, se produce tras incumplirse los plazos límite de la Unión Europea para su presentación, establecida para diciembre 2015, es decir, que llevaba ya seis meses de demora. Denota una evidente precipitación tras la llamada de atención del Congreso de los Diputados al Gobierno con la aprobación de una PNL -proposición no de Ley- para el impulso a la cogeneración, del 28 de abril, presentada por el grupo catalán Democracia y Libertad, ampliada por el PSOE, y finalmente aprobada con el respaldo de Democracia y Libertad, PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención de PP y Foro Asturias. La PNL -entre otras importantes propuestas de apoyo a la cogeneración- insta al Gobierno a “no realizar revisiones o actualización del marco retributivo, en tanto en cuanto no se evalúe el potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia”.
El celo del Gobierno por cumplir con la PNL hace que se presente este, digamos, “impecable informe técnico-burocrático” para cubrir el expediente, que no cumplir los objetivos. El Ejecutivo nos tiene muy acostumbrados a su correr “como pollo sin cabeza” cuando quiere y trata de alcanzar medidas y calendarios concretos, pero esas prisas se le terminan muy pronto cuando se trata de tomarse en serio la eficiencia energética en el ámbito de las políticas energéticas y sobre todo cuando es en referencia a la industria. Entonces, ni entiende ni comparte esa prioridad e imprescindible eficiencia.
El Gobierno rechazó de plano el pasado año que la Agencia Internacional de la Energía, AIE, realizara un completo análisis en cuanto a la situación de la cogeneración y de las redes de calor y frío en España. Y lo hizo pese a los esfuerzos de Acogen para que nuestro país pasará a incluirse en la lista de países que como Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea, Holanda, India, China y muchos otros, ya han recibido el asesoramiento de la AIE y realizado dicho análisis. El Ejecutivo español denegó el tema argumentando que tenían su propio informe en marcha, un informe que un año después se presenta apresuradamente y con gravísimas carencias. La soberbia y la falta de colaboración, traen de resultas esterilidad y mediocridad.
Al igual que en la polémica e incompleta transposición de la Directiva de Eficiencia, que hizo el Gobierno en febrero pasado con el Real Decreto 56/2016, este informe incumple incluso los propios requisitos que legisló el propio Ejecutivo en dicho real decreto: no incluye la previsión de evolución en los próximos 10 años, en particular de la demanda en edificios e industrias, y ninguna de las estrategias, actuaciones y medidas que se requerían sobre seis áreas para realizar el potencial estudiado. Y tampoco se incorporan los planes y estrategias regionales y locales.
Así las cosas, en este país seguimos sin medidas para estimular las cogeneraciones, sin medidas que sirvan para impulsar nuevas zonas industriales o residenciales e infraestructuras urbanas y toda una larga lista de posibilidades para promover la actividad, la industria y el empleo. Para haber tardado y esperado tanto tiempo y para haber empleado tantos recursos públicos en este informe que acaba de presentar el Ministerio, una vez más los responsables de la política energética no dan la talla. Pues bien, habrá que confiar y esperar al próximo Gobierno para que la eficiencia forme parte de la política energética e impulse así la reindustrialización y el empleo.
Javier Rodríguez es director general de ACOGEN.
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