El sindicato agrario COAG ha aplaudido la sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad de algunos aspectos de la orden ministerial que supuso el cierre de plantas de tratamientos de purines.
La decisión del Tribunal Supremo, asegura COAG en un comunicado, estima el recurso de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) en contra del recorte de más del 40% el año 2014 en la prima de la energía eléctrica producida por cogeneración.
La organización agraria espera que la sentencia "abra la puerta a recuperar la actividad en las instalaciones y los ganaderos puedan gestionar sus excedentes".
La orden ministerial, publicada en 2014 pero con efectos retroactivos desde julio de 2013, supuso el cierre de 29 instalaciones como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, que les supuso la quiebra, recuerdan en un comunicado.
La orden ministerial, continúan la organización agraria, derivó en un recorte de más del 40% de la prima a la energía producida mediante la cogeneración.
El responsable sectorial del porcino de COAG, Jaume Bernis, recuerda que después del anuncio, las plantas pararon su actividad y las explotaciones tuvieron que recurrir a "nuevas técnicas de gestión que suponían inversiones, más costes para los ganaderos y una pérdida de competitividad".
Con el nuevo panorama que se plantea a raíz de la sentencia del Supremo, COAG espera que las plantas todavía no desmanteladas recuperen la actividad y ayuden de nuevo a los ganaderos en la tarea de gestionar las deyecciones.
COAG destaca que las 29 plantas de purines existentes gestionaban alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de purines procedentes de más de 2.000 explotaciones de porcino.
El sector porcino, continúa el sindicato, es el principal motor económico de muchas comarcas, representa más del 14% del PIB industrial y genera más de dos millones y medio de empleos, de los que cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales.
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