La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la transición energética, aprobado en marzo de 2023, no afecta a la gestión energética que está desarrollando en estos momentos el ejecutivo.
Aunque la sentencia conocida suponga "un varapalo más" a la actividad legislativa del anterior gobierno, Vaquero ha asegurado que en el ejecutivo actual tienen "tranquilidad política y jurídica".
La gestión energética
El pronunciamiento del Constitucional, ha agregado en declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes, "no entra al fondo de los diferentes artículos, sino a la forma", al considerar que el decreto ley no era la forma adecuada "por no estar justificada la urgencia e incluso por haber limitado la capacidad de hacer aportaciones del resto de las formaciones políticas".
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