Venezuela: anulando la lucha contra el cambio climático

Más allá de los dislates habituales de Trump —esa catarata incesante de anuncios, amenazas, ocurrencias, fakes y decisiones que mantienen en vilo a líderes, medios y opinión pública—, lo de Venezuela tiene una derivada muy inquietante, y por supuesto nada casual: el petróleo vuelve a ocupar el centro del debate como si el cambio climático se hubiera evaporado del mapa y los negacionistas del cambio hayan tomado el mando del debate climático.

Y lo curioso es que el foco no está puesto en la agresividad de la política exterior estadounidense ni en su carácter imperial. Tampoco en la violación flagrante del derecho internacional. La discusión transcurre, más bien, por si la intervención es justa o injusta, legítima o ilegítima. Pero hay algo que se está pasando por alto: estamos hablando de petróleo. Y no de cualquier petróleo, sino de uno de los crudos más sucios del planeta. Se está hablando de materializar ingentes inversiones multimillonarias en energía cuando estas mismas inversiones para energías renovables son siempre más etéreas y difíciles de materializar.

A este elemento se suma otro de enorme calado estructural: el papel de los petrodólares. La posibilidad, planteada en su momento por el gobierno venezolano, de utilizar criptomonedas u otros mecanismos alternativos al dólar para el comercio internacional del crudo generó una inquietud considerable en Washington. El dominio del dólar en los intercambios energéticos ha sido durante décadas uno de los pilares del poder financiero estadounidense. No son pocos los analistas que interpretan conflictos pasados —Irak o Libia— desde esta lógica monetaria y geoeconómica más que desde argumentos estrictamente políticos o humanitarios.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo —cerca del 18 % del total global—. Pero la mayor parte son crudos pesados y extrapesados, concentrados sobre todo en la Faja del Orinoco. Extraer, transportar y refinar este tipo de petróleo es complicadísimo: consume más energía, necesita diluyentes especiales, exige procesos industriales más intensivos. El resultado son emisiones de CO₂ mucho más altas por barril que las de los crudos convencionales.

Huella de carbono del petróleo

Hay estudios que sitúan la huella de carbono de este crudo venezolano entre las peores del mundo, comparable —o incluso superior— a la de las arenas bituminosas de Canadá. Desde el punto de vista climático, es una de las peores noticias justo cuando la ciencia viene confirmando y corroborando que hay que dejar bajo tierra una parte importante de las reservas fósiles que conocemos si el objetivo es que no siga aumentando la concentración de CO2 en el aire, actualmente sobre los 430ppm y creciendo año tras año y acercándose a su zona roja de límite superior sin retorno.

Al ritmo de crecimiento 2-3 ppm por año, en 10 años se habrá superado este límite. Si ya con las actuales previsiones del mercado de futuros, 2030 y 2050, en el consumo mundial de fósiles, petróleo y gas, este límite será superado a menos que se generalicen las tecnologías CDR ( Carbon Dioxide Removal), ahora con la previsión de continuar incrementando el consumo de fósiles todos los planes de reducción en el consumo de fósiles, todas las acciones para disminuir las emisiones de CO2, todos los avances en la legislación y las normativas en defensa de la lucha contra el cambio climático quedan bombardeados y destruidos.

La industria petrolera venezolana, además, está destrozada. Infraestructuras obsoletas, falta crónica de inversión, deterioro tecnológico, pérdida masiva de técnicos especializados. La producción llegó a superar los 3 millones de barriles diarios a finales del siglo pasado; ahora es una fracción de eso, con oscilaciones que no se acercan ni de lejos a lo que fue.

Las causas son conocidas: mala gestión, corrupción rampante, colapso institucional, fuga de cerebros y el impacto de las sanciones internacionales que han dejado al país sin acceso a financiación, tecnología y mercados. Todo esto sobre el telón de fondo de una crisis política interminable, con Maduro enfrentado a medio mundo y sin que haya habido nunca una estrategia coherente para recuperar el sector.

Trump, lejos de la lucha

En este escenario, la política energética de Trump vuelve a demostrar su desconexión absoluta con las prioridades climáticas globales. Lejos de impulsar la transición energética, Washington ha vuelto a poner las fuentes energéticas fósiles  en el centro de todo después de su última intervención en el “fracking”.

A principios de 2026, después del episodio venezolano —que incluyó la captura de Maduro y una intervención militar directa de Estados Unidos—, la administración Trump anunció planes para:

• Reorientar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense, bajo control directo de Washington.

• Gestionar de manera indefinida las ventas y los ingresos petroleros venezolanos mediante cuentas supervisadas por el gobierno de EE.UU.

• Invitar a las grandes petroleras estadounidenses a invertir en rehabilitar las infraestructuras venezolanas, aunque el propio sector muestra escepticismo sobre rentabilidad, riesgos operativos y estabilidad política por lo que exigen garantías de seguridad jurídica y obviamente garantías de vertebrar un mercado mundial energético que facilite las amortizaciones y la rentabilidad de la inversión. Es decir, continuar consumiendo petróleo durante muchos años sin frenos o limitaciones impuestas por la lucha contra el cambio climático a nivel planetario.

En sentido contrario

Esta agenda —asegurar suministro fósil, estabilizar precios, reforzar posiciones geopolíticas clásicas— contradice de forma escandalosa cualquier discurso previo sobre diversificación energética, renovables o neutralidad climática. Para muchos analistas energéticos y climáticos, esto es un retroceso en toda regla respecto a unos compromisos que ya de por sí eran insuficientes anulando todas las acciones llevadas a cabo durante estas ultimas décadas.

Mientras en Estados Unidos —y entre ciertas élites venezolanas— el debate se centra en quién controla el petróleo y bajo qué condiciones, la conversación realmente urgente, la que tiene respaldo científico, debería ser otra muy distinta: cómo reducir de forma rápida y ordenada la dependencia de los combustibles fósiles, cómo gestionar una transición justa en países que viven del petróleo, cómo desplegar energía sostenible y cómo racionalizar el uso de los recursos naturales en cada territorio.

Pero eso no está ocurriendo. Las decisiones recientes de Trump evidencian un retorno a las lógicas tradicionales de explotación de recursos, donde el objetivo no es la desaparición progresiva del petróleo —como exige la agenda climática—, sino maximizar el acceso, el control y la ventaja competitiva de siempre. Lo mismo para otros recursos como la minería para garantizar el crecimiento de las industrias tecnológicas.

De ahí que el petróleo vuelva a estar de moda y que el debate sobre renovables, eficiencia y descarbonización haya quedado en segundo plano. Y, en un mismo sentido, los materiales críticos hayan pasado a definir las estrategias industriales a igual que en siglos pasados “las especies” justificaron muchas expediciones desde Europa.

El problema es el quién

Venezuela sigue siendo central en la geopolítica del petróleo y de otros recursos naturales, pero el debate se ha desviado peligrosamente: ya no se discute cómo salir del petróleo, sino quién lo posee y quién lo gestiona. Este giro muestra con crudeza las tensiones que persisten entre intereses económicos, prioridades estratégicas y la urgencia climática global.

A corto plazo, explotar petróleo continuará sosteniendo los actuales mercados energéticos e incrementará los desequilibrios energéticos. Pero a medio y largo plazo, el verdadero desafío sigue siendo cómo integrar —o, mejor dicho, cómo reducir— estos recursos en un mundo que tiene que descarbonizarse de forma acelerada. Y esa cuestión, hoy por hoy, sigue estando alarmantemente ausente del centro de las decisiones políticas que importan.

La actual actuación en Venezuela, es un disparo a la línea de flotación de la descarbonización de la economía, es una ataque frontal a la lucha contra el cambio climático y una declaración de prepotencia sobre los derechos y usos de los recursos naturales.