Veto o regulación pragmática: ¿Puede Europa permitirse renunciar a la tecnología china?

Tras la advertencia formal de Bruselas y el revuelo diplomático provocado por el contrato del Ministerio del Interior, el debate sobre Huawei ha dejado de circunscribirse a la ciberseguridad de las telecomunicaciones. En esta segunda entrega de la serie, El Periódico de la Energía recorre la batalla de argumentos que hoy se libra en el sector energético europeo, un ámbito donde la digitalización, la dependencia tecnológica y las tensiones geopolíticas se cruzan en un momento crítico para la transición verde.

Si en la primera parte analizamos cómo España se ha convertido en un caso paradigmático del nuevo equilibrio entre Washington, Bruselas y Pekín, ahora es el turno de escuchar a la industria, a los expertos, a los reguladores y a la propia Huawei. Sus posiciones dibujan un mapa mucho más fragmentado de lo que aparenta el debate público: entre los defensores de una apertura pragmática, quienes exigen blindaje estratégico y quienes temen que la discusión tecnológica acabe convirtiéndose en un arma más de la guerra comercial global.

Una advertencia que resuena desde Asia hasta Bruselas

La inquietud europea respecto a los proveedores chinos no nace en el vacío. Países como Taiwán llevan años aplicando restricciones severas. Allí, desde 2020, todas las instituciones públicas tienen prohibido usar equipos de compañías chinas. Las razones son taxativas: riesgo de puertas traseras, funcionalidades ocultas y precios sospechosamente bajos que —según autoridades taiwanesas— podrían formar parte de una estrategia mayor de influencia política y ciberinteligencia. La advertencia es directa: Europa debe valorar si el ahorro inmediato compensa un riesgo a largo plazo que podría comprometer la resiliencia de sus infraestructuras críticas.

Wei-Chung Teng, CEO del Telecom Technology Center y profesor de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán (Taiwan Tech), explica que en Taiwán “todas las agencias gubernamentales, universidades nacionales y entidades dependientes del Estado deben retirar cualquier equipamiento chino en un plazo corto”. Subraya que existe un consenso común —“tanto en el Gobierno como en la industria”— sobre que ciertos productos tecnológicos “pueden incluir capacidades ocultas no declaradas”.

En un segundo momento, Teng precisa que esta preocupación no es solo técnica, sino estratégica: “Los precios tan bajos pueden ser utilizados como palanca para facilitar accesos no autorizados a datos sensibles”. Y añade que, aunque las pruebas de penetración o la detección de anomalías ayudan, “ningún método garantiza protección total”.

En Bruselas, estas preocupaciones han ido encontrando eco. El sector eólico, representado por WindEurope, se muestra especialmente sensible ante el avance chino. Sus portavoces sostienen que la seguridad energética europea no puede depender de tecnologías sujetas a una legislación —la china— que obliga a las empresas a cooperar con los servicios de inteligencia. En un continente marcado por la invasión rusa de Ucrania y la explosión del Nord Stream, las vulnerabilidades tecnológicas no son ya un escenario teórico, sino un factor estratégico.

WindEurope recuerda que tras la invasión rusa de Ucrania y la explosión del Nord Stream, “la seguridad energética forma parte inseparable de la seguridad nacional”. La organización advierte de que las leyes chinas de Inteligencia Nacional y Seguridad de Datos podrían habilitar la entrega de información al Estado, “incluso sin conocimiento del cliente europeo”, lo que abre la puerta a riesgos como espionaje, sabotaje o control remoto de activos críticos.

La hoja de ruta que propone la UE —desde el Data Act hasta la directiva NIS2, pasando por el nuevo Network Code de ciberseguridad— pretende construir, por fin, una muralla normativa frente a la dependencia de proveedores considerados de “alto riesgo”. Pero la industria energética, extremadamente diversificada y en plena digitalización, lidia con un dilema que las normativas no solucionan por sí solas: ¿cómo reducir esa exposición sin frenar la transición ni encarecerla?

A ello se suma un elemento más de actualidad: Bruselas estudia posibles nuevas restricciones al despliegue de equipos de Huawei y ZTE en redes móviles. La compañía recuerda que por ahora “son especulaciones, nada oficial”. Y conviene subrayar que las competencias en seguridad pertenecen a los Estados miembros, aunque la Comisión sí puede incentivar o coordinar prácticas comunes más allá de la regulación estricta.

Europa mira a Huawei con recelo… y con necesidad

En España, donde el despliegue fotovoltaico alcanza cifras récord, Huawei ocupa un lugar destacado en la cadena de valor: inversores, sistemas de monitorización, baterías inteligentes, soluciones de gestión avanzada. Su cuota no implica un monopolio, pero sí una influencia notable en un ámbito clave para la transición energética. Un escenario que inquieta a parte del sector.

Aepibal, asociación que agrupa a empresas del almacenamiento energético, no oculta su preocupación. Su presidente, Luis Marquina, reconoce la calidad tecnológica de la compañía china, pero advierte de la fragilidad de depender de un único proveedor extranjero. El riesgo, explica, no es solo geopolítico: también industrial. Un cambio en las prioridades de Pekín, un ajuste en precios o un giro en la política exterior podrían impactar en Europa con una intensidad difícil de gestionar. ¿Qué ocurriría si Huawei decidiera redirigir su capacidad de producción? ¿O si se viera sometida a sanciones que interrumpieran el suministro de componentes? El continente, afirma, debe apostar por construir su propio músculo industrial si quiere evitar quedar atrapado entre potencias.

Sin embargo, no todas las voces del ecosistema renovable comparten ese tono de alarma. Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), organización mayoritaria del sector solar, entienden que el debate está contaminado por tensiones comerciales globales. Reconocen que Huawei es líder, pero no monopolio, y advierten contra una narrativa que demoniza selectivamente a fabricantes chinos sin evidencias concluyentes. Para UNEF, el verdadero enemigo no es un proveedor concreto, sino la fragilidad estructural de un mundo donde cualquier sistema digital —sea chino, europeo o estadounidense— puede ser hackeado. La prioridad, defienden, debe ser reforzar la ciberseguridad dentro de la UE, no levantar muros comerciales.

Bajo el liderazgo de Xi Jinping las fronteras entre sector público y privado en China se han vuelto más difusas. Estudios del Council on Foreign Relations señalan que el Partido Comunista ha ampliado su influencia en compañías tecnológicas, ya sea mediante inversiones de entidades estatales o mediante mecanismos de supervisión que otorgan mayor peso a cuadros del partido. Aunque no existe evidencia de que esto afecte directamente a Huawei, el caso de ByteDance —donde el Estado adquirió una participación en una filial— ilustra la dirección general del movimiento.

A ello se suman leyes como la de Seguridad Nacional de 2015 o la de Inteligencia Nacional de 2017, que imponen a ciudadanos y empresas la obligación de “cooperar” con los servicios de inteligencia. Para algunos gobiernos occidentales, estos marcos legales alimentan dudas estructurales. Huawei insiste en que nunca ha utilizado ni utilizará sus equipos para espiar, y sostiene que ninguna ley puede obligarla a comprometer a sus clientes, pero la discusión jurídica continúa abierta.

Huawei responde: transparencia, certificaciones y una defensa frontal

La compañía china rechaza con contundencia la etiqueta de “proveedor de riesgo”. Considera discriminatorio cualquier enfoque que no esté estrictamente basado en criterios técnicos. Subraya sus certificaciones internacionales, su colaboración con organismos independientes y su historial de más de dos décadas suministrando tecnología a las redes españolas.

Huawei alerta de que restringir su acceso al mercado europeo “supondría riesgos significativos”, afectaría a la competencia, elevaría costes y ralentizaría la innovación. Defiende que cualquier evaluación debe basarse “en criterios objetivos, verificables y transparentes”, y que medidas discriminatorias generarían inseguridad regulatoria y perjuicios económicos.

Para la empresa, el debate europeo no puede convertirse en un juicio por procedencia. Su mensaje es claro: datos verificables, auditorías transparentes y reglas iguales para todos.

En materia energética, Huawei recalca que sus soluciones de redes inteligentes, autoconsumo y gestión de infraestructuras no están afectadas por las discusiones regulatorias sobre equipamiento 5G. Afirma que mantiene diálogo con autoridades españolas y europeas para explicar su posición, siempre bajo un mensaje constante: evaluaciones no discriminatorias, estándares abiertos y priorización de la seguridad técnica real.

La compañía también destaca certificaciones como COMMON CRITERIA, NESAS/SCAS y estándares internacionales ISO 27001 e ISO 27701, además del Esquema Nacional de Seguridad. “Somos el proveedor más transparente del mercado”, subraya.

Un mapa dividido antes de la decisión final

Europa se encuentra en un punto de inflexión. La digitalización energética avanza más rápido que la construcción de un consenso político. Países como Alemania o Francia se alinean con una estrategia de prudencia reforzada, mientras otros, como España, mantienen una posición más matizada, marcada por la necesidad de acelerar la transición sin comprometer su ritmo por presiones geopolíticas.

La pregunta ya no es si debe existir una política común hacia Huawei, sino qué coste está dispuesta a asumir la UE para construirla. La industria pide claridad. Los expertos piden coherencia. Y los gobiernos buscan un equilibrio casi imposible entre seguridad, economía y autonomía tecnológica.

En un escenario donde la transición energética exige velocidad, pero la geopolítica exige cautela, Europa se mueve sobre una cuerda cada vez más tensa.

Mañana analizaremos los escenarios que se abren para España y la Unión Europea: qué puede ocurrir si se restringe a Huawei, cómo afectaría a la transición energética y qué alternativas reales existen para reducir la dependencia tecnológica sin frenar el ritmo hacia un sistema eléctrico descarbonizado.