La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido que dentro del ejecutivo de coalición “hay discusión” entre el PSOE y UP sobre el “ritmo” de aplicación de las medidas adoptadas para rebajar el precio de la energía en el país, pero ha puesto en valor la “importancia” de dichas medidas y que se han tomado “de forma mancomunada”.
Sobre la proposición de ley registrada ayer por Unidas Podemos en el Congreso para crear una empresa pública de energía, la también vicepresidente segunda del Gobierno ha descartado, en una entrevista en Radio Euskadi, que sea una “deslealtad” entre los dos socios y, tras indicar que los grupos parlamentarios “tiene dinámicas propias”, ha dicho que “lo importante es que desde el Gobierno se solucionen los problemas de la ciudadanía”.
“Las medidas para el sector energético se han adoptado mancomunadamente -ha insistido- pero es cierto que existe una discusión en el seno del Gobierno sobre el ritmo de aplicación, sobre si se deben transformar en reales decretos ley para que se apliquen de forma inmediata, o no”.
Ha añadido que “singularmente” puede haber más diferencias o “matices” entre ambos partidos que la ciudadanía tiene derecho a conocer, como el hecho de que UP apuesta por el “modelo francés” de fijar un precio para la energía nuclear y poner un tope máximo al precio de las hidroeléctricas.
“Esta es la diferencia que tenemos desde una posición constructiva y sabiendo que es un problema gravísimo y real, que afecta a las personas, a las pequeñas empresas, a la industria”, ha explicado.
Ha añadido que “quizá ha llegado el momento de hacer un balance sobre lo que supuso la liberalización del sector adoptada desde los tiempos de José María Aznar como presidente y que se nos dijo que serviría para bajar los precios de la luz. Como se puede comprobar esos precios se han disparado”, ha puntualizado.
También se ha referido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha asegurado que “sin lugar a dudas” se aprobará la semana próxima.
Ha precisado que le gustaría que este incremento contase con un acuerdo de la mesa de diálogo social y ha destacado que prácticamente todos los países de la UE aumentaron la cuantía del SMI durante la pandemia y que “solo faltaba” España por sumarse a esta iniciativa.
Ha descartado “maniobras correctivas” de ese SMI por autonomías basadas en la diferencia de la carestía de la vida, defendidas por la patronal, y ha expuesto que “las normas de unidad de mercado son claras, y yo me rijo por ellas”.
Respecto a las cifras del paro, conocidas ayer, Díaz ha afirmado que, aunque haya disminuido, no puede estar satisfecha” porque todavía se contabilizan más de tres millones de personas desempleadas, aunque ha resaltado el hecho de que el paro juvenil se haya reducido.
Ha valorado, sin embargo, que se han conseguido esas cifras “sin aplicar políticas de recorte y austeridad, lo que demuestra -según ha remarcado- que se puede gobernar de manera diferente y que es compatible con la eficiencia económica y con la preservación del empleo y la actividad de las empresas”.
Ya en relación a la situación de Euskadi y al hecho de que en la mesa social de esta comunidad solo participan la patronal y UGT y CCOO, mientras que ELA y LAB no están presentes, Díaz ha recordado que es “una gran defensora” de ese diálogo y ha animado “a todo el mundo” a dialogar porque se trata de “una herramienta para solventar diferencias y debatir “se alcance o no un acuerdo”.
En referencia a la huelga general que ha propuesto LAB en Euskadi y Navarra, la ministra ha rechazado opinar sobre si existen motivos para dicho paro y ha resaltado que se trata de un recurso “legítimo y constitucional”, aunque ha precisado que es “un último recurso”.
Ha mostrado, asimismo, su “solidaridad absoluta” con las familias y trabajadores de la empresa Tubacex , y tras afirmar que es conocedora de la situación de esa compañía, ha apostado por “hacer un esfuerzo” para mantener la empresa y el empleo.
Ha asegurado que en este momento “no está” en la reflexión sobre si optará a ser cabeza de cartel de UP para las próximas elecciones generales y ha afirmado que ahora trabaja para “levantar un proyecto de país para la próxima década, modernizarlo”, y ha añadido que esta tarea “no va tanto de posiciones ideológicas como de solucionar problemas y garantizar una vida digna para la gente”.