Un total de 1.608 familias sin recursos se han acogido desde febrero a las ayudas para pagar las facturas de gas y electricidad de la Comunidad de Madrid, que suavizó hace unas semanas los requisitos para acceder a las mismas para poder atender todas las peticiones recibidas.
El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha hecho balance de esta medida en una comparecencia en el pleno de la Asamblea, donde ha explicado cómo se ha desarrollado el convenio que firmó el pasado mes de diciembre la Comunidad con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para impedir que las personas sin recursos sufrieran cortes de electricidad y gas.
Durante estos meses han sido 1.608 las personas o familias que han solicitado adherirse a esta ayuda y se han atendido todas las peticiones recibidas, de manera que no han tenido que pagar las facturas energéticas durante el invierno y las empresas energéticas no les han cortado el suministro.
Izquierdo ha explicado que para no denegar las solicitudes que se habían rechazado inicialmente y poder abarcar todos los hogares en situación de pobreza, el Gobierno tramitó una modificación urgente de las normas reguladoras del acuerdo para, entre otras cosas, suprimir la limitación de los términos de consumo.
El consejero, en este sentido, ha garantizado que las normas se volverán a modificar "cuantas veces sea necesario" para adaptarse a las necesidades de los madrileños y mejorar en todo lo posible la medida.
Izquierdo ha detallado que desde el 2 de febrero, día en el que se abrió el plazo de solicitud, se han recibido 1.608 solicitudes: 166 de ellas relativas sólo a gas, 894 a electricidad, y 497 a ambos suministros.
Las empresas recibirán a partir de ahora el importe de las facturas desde la Comunidad de Madrid, que este año había presupuestado un millón de euros para esta medida.
Para poder acceder a estas ayudas, las personas o familias debían acreditar su situación de especial necesidad económica con un informe previo emitido por los servicios sociales de su ayuntamiento, documento que se debía remitir a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, encargada de dar el visto bueno a la solicitud.
La diputada socialista Josefa Navarro, ha calificado de "paripé y propaganda" la medida porque, a su entender, deja fuera a muchas personas por los requisitos pedidos, de manera que es una "protección excluyente que se transforma en desprotección".
Ha celebrado, en este sentido, que el Gobierno haya cambiado los requisitos iniciales, porque "el paraguas de cobertura estaba muy cerrado", pero aún así ha criticado que se queden fuera familias que lo necesitan y a los que tienen que atender los ayuntamientos, en muchos casos recurriendo a fondos de emergencia.
Además, ha advertido de que estos cambios "repentinos" desaniman a los ciudadanos a la hora de plantearse solicitar la ayuda.
En este mismo sentido, la diputada de Podemos Olga Abasolo ha apuntado que la campaña de información ha sido insuficiente, y ha instado al Gobierno ha darle más publicidad para que haya más solicitudes.
Abasolo ha criticado que la medida deje sin posibilidad de solicitarla a muchas personas en situación de necesidad, como los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o que uno de los requisitos sea el impago de las facturas, penalizando así a las personas que hacen un esfuerzo en sus domicilios para consumir menos energía.
También ha criticado que las ayudas se limiten a seis meses (ampliables a nueve), tiempo que la diputada de Podemos no ve suficiente para que las familias salgan de su situación de dificultad económica, "y más si no hay una verdadera estrategia de empleo" en la región.
Desde Ciudadanos, Alberto Reyero, ha criticado la cantidad destinada a esta medida, un millón de euros para 2015 y otro para 2016, "claramente insuficiente" y "ridícula" para el problema, que afecta a miles de personas, y por eso también ha considerado que son pocas las solicitudes recibidas.
Reyero ha señalado que este problema no debe abordarse sólo subvencionando facturas, sino que las familias en situación de necesidad deben ser objeto prioritario de las políticas de eficiencia energética para que su consumo sea prácticamente nulo, erradicando el problema en vez de poniendo soluciones temporales.
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