La posibilidad de que el Gobierno no cuente con apoyos suficientes para sacar adelante sus medidas anticrisis mantiene en el aire hasta 40.000 millones de euros de inversiones en proyectos de energías renovables, que se sustentan en la ampliación de plazos administrativos que ha previsto el Ejecutivo.
El Real Decreto Ley 8/2023, uno de los tres textos que el Congreso valorará convalidar este miércoles, extiende seis meses el periodo para obtener una autorización administrativa de construcción de proyectos renovables, que de otra manera concluirá el 25 de enero.
Esa fecha límite marcará la viabilidad de la instalación de unos 44 gigavatios de potencia (GW), de los cuales más de un tercio corresponden a fotovoltaica y el resto a eólica, según explican a EFE fuentes del sector.
Los proyectos renovables
"Si (el decreto) decayera mañana, sería un escenario catastrófico", señala el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. "Necesitaríamos urgentemente que se aprobara otro y resolviera la crisis", recalca.
Diversos actores de la industria consideran que el principal cuello de botella que ha retrasado la concesión de licencias son las limitaciones de gestión de las administraciones que deben supervisarlas, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas.
"Nos consta que están haciendo un esfuerzo muy importante, pero el problema es que la Administración no tiene recursos suficientes para la gran cantidad de proyectos que hay", indica Donoso.
Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), advierte, por su parte, de que si el decreto no se convalida muchos proyectos estarán obligados a regresar a la "casilla de salida" y volver a solicitar el acceso a la red, un escenario que podría generar importantes "demandas patrimoniales".
"Un promotor que ha hecho bien su trabajo, que ha tenido la declaración de impacto ambiental, que tiene el proyecto controlado junto con la documentación presentada y que no obtiene autorización de construcción a tiempo porque la administración no ha podido llevar a cabo su trabajo va a perder el acceso, va a perder los avales, y tiene un lucro cesante del proyecto que no va a poder implantar", afirmá Márquez.
La prórroga de seis meses "no es solo un balón de oxígeno para el sector, es un balón de oxígeno para la propia administración", comenta, a su vez, José María González Moya, director general de la Asociación de Energías Renovables (APPA).
Prórroga de tres años
Además de los proyectos pendientes del permiso de construcción, existe otro conjunto de iniciativas que cuentan ya con ese trámite, así como con una declaración de impacto medioambiental positiva, y que se beneficiarían de otra prórroga que establece el mismo real decreto del Gobierno.
El texto que evaluará mañana el Congreso agrega tres años al plazo para poner en marcha las instalaciones y conectarlas a la red, que en principio debía concluir en 2025.
La industria considera que los proyectos con luz verde definitiva para comenzar a construir, que suman en total 23,1 GW (18,4 GW de fotovoltaica y 4,7 GW de eólica), difícilmente podrán estar listos en el plazo original, por lo que han dado la bienvenida a esa extensión.
Una de las principales barreras para acelerar la construcción son los ritmos de la cadena de suministros. Solo la entrega de un transformador puede alargarse hasta dos años, lo que dejaría fuera de plazo a los proyectos que hagan sus pedidos ahora, en vistas a comenzar a funcionar antes de junio de 2025.
Además, muchos de los proyectos comienzan a negociar sus condiciones de financiación con la banca una vez han obtenido todas las licencias, por lo que los retrasos hasta la fecha han condicionado ya sus calendarios.
Una celeridad forzada otorgaría además ventaja competitiva a fabricantes extranjeros, capaces de ofrecer plazos más reducidos y hacer competencia a proveedores nacionales de componentes electrónicos, estructuras y servicios de ingeniería que sufrirían para cubrir una demanda que se acumulara en tan solo año y medio.
Por último, el escenario de un estancamiento de la demanda eléctrica desaconseja acelerar la instalación de toda la potencia proyectada, según diversas fuentes.
Si no amplía ese plazo, como establece el decreto del Gobierno, "lo que vamos a tener es una obligación de instalar plantas para no perder el acceso a la red, unas plantas que pueden estar ociosas gran parte del tiempo", afirma el director general de la AEE.
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