La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este jueves que "nunca jamás" ha "beneficiado a una empresa ni a un particular" y ha recalcado que los funcionarios de su departamento "trabajan desde el rigor técnico" con "procedimientos que se ajustan a la legalidad".
Aagesen ha comparecido este jueves en el pleno del Senado para explicar, a petición del PP, la posible implicación de su departamento en la "trama de hidrocarburos", el presunto fraude de más de 231 millones de euros en el pago del IVA entre 2022 y 2024 mediante la creación de empresas fantasma que vendían combustible y después desaparecían antes de pagar los impuestos correspondientes, y su relación con Venezuela.
La senadora del PP María Mar Caballero ha recordado que Aagesen era secretaria de Estado de Energía cuando el ministerio otorgó la licencia de operador mayorista de productos petrolíferos a la empresa Villafuel, eje central de esa trama, y ha señalado que un informe de la UCO refleja "sospechas fundadas" de que existió "trato de favor" en la concesión de esa licencia.
"Su responsabilidad política es que concedió y mantuvo la licencia a Villafuel en un sector tan sensible al fraude y con antecedentes", ha dicho Caballero a Aagesen.
Tolerancia cero con la corrupción
La ministra ha negado cualquier trato de favor a Villafuel: "Niego tajantemente que este ministerio haya dado ningún trato de favor a Villafuel", ha recalcado, tras insistir en que ese es un caso de fraude del IVA que está bajo secreto del sumario.
Aagesen también ha negado que en su anterior condición de secretaria de Estado haya recibido "jamás, jamás ninguna presión con ese expediente ni con ningún otro", y ha dicho que tampoco tiene "ningún conocimiento ni indicio de que se trasladara ninguna presión a la unidad encargada del expediente dentro de la Secretaría de Estado".
Asimismo ha afirmado que "jamás" se ha "reunido ni tratado con ninguno de los investigados en el caso Villafuel" y ha manifestado su confianza en el trabajo de la Justicia y en que "pronto queden aclaradas todas las dudas en la tramitación de este expediente".
Un expediente que, según ha relatado, tardó tres veces más que la media (600 días) en tramitarse, porque la empresa no cumplía los requisitos, lo que, a su juicio, demuestra que no hubo "ningún trato de favor y sí una gestión rigurosa de la máxima diligencia por parte de los funcionarios del ministerio".
Además, ha subrayado que ni la UCO ha hecho "ningún registro" del ministerio, ni su requerimiento de información del pasado diciembre tuvo que ver con Villafuel.
Ha apuntado que el expediente requerido afecta a dos proyectos de generación fotovoltaica en el marco de una investigación ajena al persona de su ministerio.
Tolerancia cero con la corrupción
La ministra, que ha insistido en que pertenece a un Gobierno de "tolerancia cero con la corrupción" y "máxima colaboración con la justicia", ha atribuido las "sospechas fabricadas" del PP a la "desinformación", los "bulos" y los "ataques" que sufren servidores públicos e informadores.
A este respecto, ha dicho que ella misma ha dado cuenta en una carta a la Fiscalía del incremento de esos ataques en redes sociales a los profesionales que se dedican a la información ambiental.
En su intervención, Aagesen ha hecho hincapié en que su ministerio y el Gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto han actuado con "firmeza" para combatir la corrupción y las prácticas fraudulentas, reforzando los controles, impulsando la prevención y promoviendo una cultura de integridad en el conjunto de la Administración pública.
28 inhabilitaciones preventivas
Ha defendido que fruto del refuerzo de los controles que ha introducido en el sector, desde 2018 se ha inhabilitado a 50 empresas -entre ellas Villafuel- y a otras 28 de forma preventiva, bien por incumplimiento de los requisitos para la distribución al por mayor de productos petrolíferos o por los impagos de las cuotas CORES (para el mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos) o de certificados de biocarburantes.
Según sus datos, con esas intervenciones, en 2025 se ha reducido a cero el fraude de impagos de las contribuciones de CORES y se ha registrado el nivel más bajo de incumplimiento de las obligaciones sobre biocarburantes desde que el ministerio asumió esta competencia en 2020.
Aagesen ha destacado asimismo que el Consejo de Ministros aprobó en 2025 el proyecto de ley que modifica la ley del IVA para, entre otras cosas, prevenir el fraude y ha animado al PP a apoyarlo en la tramitación parlamentaria.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios