Las centrales nucleares se acercan inexorablemente al final de sus permisos de explotación de 40 años. Las primeras son Almaraz y Ascó, cuyos propietarios tendrán que solicitar (si les salen las cuentas) la ampliación de la vida útil en marzo del próximo año. Pero ¿estamos preparados para el desmantelamiento de parque nuclear? Ésa es la pregunta que se formula la consultora PwC en su último informe sobre el futuro nuclear en España, al que ha tenido acceso en exclusiva El Periódico de la Energía.
PwC reconoce que "l****a energía nuclear se presenta como la alternativa para esta transición a 2030, capaz de aportar firmeza al sistema y electricidad constante en base (~22% de la generación nacional)", por lo que es necesaria al menos, hasta 2030. Para ello, "serán necesarias una serie de inversiones adicionales que les permitan extender la operación, tanto para realizar la indispensable reposición de equipos, mantenimiento, y puesta a puesto de los mismos, como en materia de seguridad", que ascenderían, según el informe, a un mínimo de entre 3.200 y 3.500 millones de euros que deberían asumir los operadores de las centrales nucleares.
Y es ahí donde surgen las dudas. Si los propietarios no están seguros de recuperar esa inversión a causa de la incertidumbre causada por "la volatilidad del precio de pool, riesgos políticos relativos a la continuidad de operación del parque, o regulatorios, como consecuencia de reformas legales o fiscales", podrían decidir echar el cierre.
El problema es que prácticamente cada año cerraría una o dos centrales a la vez, y según la consultora internacional, "la complejidad técnica del desmantelamiento de las centrales nucleares hace indispensable que se produzca de una forma planificada, escalonada, y centralizada en una única empresa capaz de gestionar de manera eficiente los recursos técnicos, humanos y financieros", refiriéndose en este último caso a Enresa.
De hecho, "actualmente en España no existe capacidad de ejecutar de forma simultanea varios desmantelamientos, ya que no hay ni suficiente personal especializado adecuado ni suficientes recursos técnicos", continúa el documento, además de generar cuellos de botella en el transporte de un elevado volumen de elementos combustibles al ATC, al que considera imprescindible. En esta línea, PwC considera óptimo secuenciar las paradas de los reactores asegurando, al menos, un intervalo de 2 años entre ellas para evitar el solape de los procesos de cierre.
De forma adicional, quedaría también pendiente la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP), para el almacenamiento del combustible gastado en el largo plazo.
Pero ¿cuánto dinero costaría el desmantelamiento del parque nuclear español? Para 40 años de vida operativa, según Enresa, serían necesarios 8.925 millones de euros. "Si consideramos lo que queda por recaudarse, manteniendo el valor actual de la tasa, con sus intereses financieros, existiría un déficit de 1.425 millones de euros a 2028, año en el que la última central en operación dejaría de aportar al Fondo", advierte el informe, que podría evitarse si se eliminan los impuestos a estas centrales de la Ley 15/2012.
En el caso de 50 años de vida operativa, los expertos han calculado que como se prolongaría la recaudación otros 10 años, se aumentaría considerablemente la viabilidad del sistema de financiación actual. "En estas circunstancias, según las estimaciones de Enresa, **serían necesarios 9.328 millones de euros **para cubrir los costes esperados para las actividades de desmantelamiento y gestión de residuos de las centrales, sólo con lo aportado por las empresas al Fondo y los intereses generados habría un superávit de 1.500 millones de euros a 2038, un 16%, año en el que la última central en operación dejaría de aportar al Fondo".
En definitiva, la consultora concluye que el modelo económico de Enresa es sostenible y eficiente desde el punto de vista económico siempre que las centrales nucleares operen hasta los 50 años.
La presentación de este informe coincide en tiempo con la presentación del Sexto Informe Nacional sobre la gestión de los residuos nucleares en España ante el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) en Viena, y donde España tendrá que explicar por qué hace cuatro años, en octubre de 2014, anunció que había preparado y presentado ****al Gobierno un nuevo plan de residuos radiactivos para sustituir al de 2006, pero que éste se quedó en un cajón, y eso que era necesario un nuevo plan para licenciar el ATC, paso obligatorio según los requisitos de la Directiva 2011/70/Euratom.
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