Nueve países de la Unión Europea (UE), liderados por Alemania, insistieron este miércoles en que Bruselas no debe de intervenir en los mercados eléctricos pese a la carestía del gas, que impulsa el precio del kilovatio, pues puede socavar la seguridad de suministro y el desarrollo de las renovables.

"No podemos apoyar ninguna medida que represente una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado de electricidad y gas", dice el documento que firman también Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Letonia y Países Bajos.

Esa posición se ha dado a conocer la víspera de que se celebre en Bruselas un consejo de Ministros de Energía de la UE en el que se abordará, entre otros puntos, la carestía de la energía.

España ha presionado mucho en las últimas semanas para que la Comisión autorice "medidas excepcionales" como poner un máximo al precio del gas o sacar temporalmente ese combustible de la "piscina" del sistema marginalista de precios, para que su carestía no encarezca el suministro del resto de fuentes de generación.

España ha encontrado cierto respaldo en países como Francia o Rumanía, pero la Comisión Europea, alineada con Alemania, ha rechazado de pleno esa opción.

La última muestra es el análisis provisional desfavorable publicado el pasado 17 de noviembre por la Agencia europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que ofrecerá una versión definitiva de su análisis en abril.

Los firmantes del documento, que ya habían tomado posición contra la reforma de los mercados que persigue España, reiteran sus argumentos y toman como referencia el informe de ACER para señalar que intervenir puede "poner en peligro la seguridad del suministro", ya que muchos agentes del mercado no podrían recuperar sus costes de inversión, lo que "justifica decisiones de salida del mercado y desalienta a los nuevos participantes".

Dicen además que incrementaría "los costes de la integración de la generación de energía renovable variable a largo plazo, ya que no habría suficientes señales de mercado para las opciones de flexibilidad necesarias" y que socavaría "la integración del mercado europeo de la electricidad, ya que la posibilidad de que los Estados miembros apliquen su propio concepto de 'precio justo' puede desalentar el comercio de electricidad".

Emplazan, por tanto, a esperar al informe de abril de 2022 para "buscar más opciones dentro del marco de mercado existente" y subrayan que esas alternativas "deben tener como objetivo reducir el riesgo de ingresos de la generación de electricidad renovable y mejorar las posibilidades de cobertura y la transparencia del mercado".

Esos nueve países se alinean, de nuevo, con la lectura de la Comisión Europea, que cree que las herramientas fiscales disponibles son suficientes para hacer frente a la histórica subida de precios del gas, que repercute automáticamente en el precio de la electricidad.

"Estamos de acuerdo con la Comisión Europea en que, a corto plazo, la subida de precios puede abordarse mejor mediante acciones nacionales temporales y específicas de los Estados miembros, cuando proceda, para proteger a los consumidores y empresas vulnerables", dicen.

Insisten también en que una de las soluciones para reducir la volatilidad es mejorar las interconexiones eléctricas entre los Estados de la UE.