Andalucía actuará política, jurídica y socialmente contra el impuesto a las energéticas

El Gobierno andaluz ha insistido en que el Ejecutivo central está "poniendo en riesgo" las inversiones en energías renovables en Andalucía, que se traducirían en unos 10.000 empleos, y ha anunciado que actuará en el ámbito jurídico, político y social para intentar evitar el impuesto a las energéticas.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Carolina España, ha dicho que el Ejecutivo regional está "muy preocupado" por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez porque está poniendo en riesgo las inversiones en hidrógeno verde en la Comunidad andaluza.

Estas inversiones, por valor de 5.000 millones de euros y que podrían generar 10.000 empleos, podrían peligrar con el impuesto a las energéticas que se ha negociado con los partidos que apoyan al Gobierno, según España, quien ha asegurado que estas inversiones "están paradas" a la espera de ver qué ocurre con el impuesto.

"Si van a poner en riesgo inversiones fundamentales haremos todo lo que esté en nuestra mano para salvarlo, desde el punto de vista político, jurídico y social", ha advertido la portavoz del Gobierno andaluz, quien ha añadido que no entiende la posición del PSOE en Andalucía, "que no defienda las inversiones" en esta comunidad.

El impuesto a las energéticas

Carolina España ha indicado que el Gobierno andaluz está "en desacuerdo" con la política fiscal que aplica el Ejecutivo de la nación, de la "asfixia fiscal" a la que somete a los ciudadanos, ya que el esfuerzo fiscal en España esté por encima del de la Unión Europea.

En este sentido, ha destacado que el impuesto a la banca, no solo va a afectar al crédito a las pymes y a los autónomos, sino que al final supone la puesta en marcha de una política fiscal "injusta", ya que la propuesta de reparto de gravamen entre las comunidades autónomas "aumenta los agravios" hacia Andalucía.

Según ha explicado la portavoz y consejera de Economía y Hacienda, Andalucía dejaría de recibir 76,38 millones de euros con un reparto en función del PIB, en relación con los que recibiría en función de la población, de forma que si se repartiera por población Andalucía recibiría 303,48 millones, y si lo hiciera por PIB solo 227,10 millones.

Solo Cataluña, País Vasco y Madrid recibirían más dinero de un reparto en función del PIB que si se repartiera en función de la población, según España, quien ha añadido que en el reparto por PIB propuesto, Andalucía recibiría 26,72 euros por habitante, 9 euros menos que la media, y 14,5 euros menos que Cataluña.

Andalucía sería la comunidad que menos recibiría por habitante de toda España y contando las ciudades autónomas, solo Melilla, con 25,99, recibiría menos dinero que Andalucía, según la consejera.

"No puede ser que se vuelva a dar más recursos y financiación de las comunidades autónomas a las más ricas", ha lamentado España, quien ha insistido en "un nuevo castigo y agravio" para Andalucía.