El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha pedido al Gobierno central que rectifique y permita una evaluación conjunta de los cuatro proyectos de Gas Natural en Doñana, y se ha mostrado en contra de que el subsuelo de la zona se utilice para almacenar gas.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento para explicar la postura de la Junta sobre el proyecto de gasoducto de Gas Natural, Fiscal ha sostenido que "de ninguna manera" el Gobierno regional va a permitir que éste se desarrolle por terrenos que afecten al Espacio Natural de Doñana y que está dispuesto "a hacer todo lo que sea necesario para paralizarlo excepto prevaricar".
Fiscal ha defendido la necesidad de evaluar de forma conjunta los cuatro proyectos en que Gas Natural ha dividido la actuación para tener en cuenta "los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos" que podrían causar en Doñana y su entorno, una exigencia que no ha sido aceptada por el Gobierno central y que la Administración autonómica ha trasladado a la Comisión Europea.
"El proyecto de Gas Natural ha sido analizado desde el principio por la Consejería para que no atente contra los valores naturales del espacio, pero la Administración puede hacer lo que la ley le permita, no basta la buena voluntad ni la intención o el deseo de contribuir a que un proyecto no dañe el patrimonio natural", ha lamentado el consejero.
Ha insistido en que el proyecto está avalado "técnica y medioambientalmente" por el Gobierno central, que "tiene las competencias para autorizar este tipo de iniciativas y evaluarlas ambientalmente", y ha lamentado que haya quien sugiera que "se adopten medidas para las que la Junta no tiene competencias".
Fiscal, que ha reclamado sacar a Doñana de la "batalla partidista" y no utilizarlo como "arma arrojadiza", ha recordado que la paralización de expedientes en 2014 debida a la reclamación de la Junta al Gobierno central provocó que Gas Natural le reclame 358 millones de euros por responsabilidad patrimonial.
Desde el PP Manuel González ha defendido que cuando el PP llegó al Gobierno la tramitación del proyecto estaba "bastante avanzada" y ha señalado que se inició "bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y con Felipe González en el Consejo de Administración de Gas Natural".
"No son creíbles, manosean Doñana cuando les conviene", ha espetado el diputado popular, que ha sostenido que ha sido el PSOE "quien ha cambiado su postura, porque antes no ponía reparos y ahora sí" y que la Junta "ha dado las últimas autorizaciones", por lo que ha preguntado al consejero si "tiene miedo a dar explicaciones".
Mercedes Barranco, de Podemos, ha pedido la paralización cautelar del proyecto que ha definido como "aberrante" y "especialmente feo y sucio", además de sostener que la Junta "se ha resistido pero ha terminado cediendo y manteniendo una postura ambigua", puesto que "si no se hubiera concedido la Autorización Ambiental Unificada (AUU) no se habrían iniciado las obras".
El diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha considerado que la división de lo que la Consejería considera "un todo" responde a una decisión estratégica de la empresa para delimitar la capacidad de gestión de la Junta y ha planteado "en qué se puede avanzar para que estos proyectos no se vayan de las manos".
Por parte de IU José Antonio Castro ha sostenido que el proyecto es "un auténtico despropósito que se hace como se hace porque se es consciente de cómo se pliega el Gobierno a los intereses de una multinacional" y ha señalado que comparte la postura de la Junta, puesto que se ha producido una "trampa" con la autorización concedida por parte del Ministerio de Industria.
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