El Consejo de Gobierno de Aragón ha dado luz verde, en una sesión extraordinaria, a la aprobación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Energía, que busca superar el vacío normativo dejado tras la anulación del decreto ley 1/2023 por el Tribunal Constitucional (TC) en septiembre.
El nuevo texto será remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se apruebe en un pleno del mes de diciembre.
Una respuesta a la sentencia del Constitucional
El TC declaró inconstitucional el decreto al considerar insuficientemente justificadas las razones de urgencia para su aprobación. Ante ello, el presidente, Jorge Azcón, asumió el compromiso de presentar una nueva norma que proporcionara "seguridad jurídica, confianza empresarial y competitividad al sector energético aragonés", como ha explicado la vicepresidenta, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Según Vaquero, el nuevo proyecto incorpora cerca del 80 % del contenido del decreto anulado, ajustándolo para solventar las objeciones constitucionales. “Compartimos el fondo del decreto-ley y por eso se contempla gran parte de su contenido, pero con los ajustes necesarios para superar las objeciones del TC", al tiempo que se incorporan también las recomendaciones del tribunal.
Objetivos y medidas principales de la transición energética en Aragón
El proyecto busca fomentar el autoconsumo energético, incrementar el autoabastecimiento y diversificación de las fuentes energéticas, promover las energías renovables y facilitar la creación de comunidades energéticas.
Entre sus medidas, destacan la creación del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, dirigido a reinvertir en los territorios afectados por instalaciones de generación mediante los ingresos de tributos ambientales autonómicos; la regulación de proyectos prioritarios que se configurarán como planes de interés general para acelerar inversiones productivas asociadas a energías renovables, y un informe autonómico preceptivo que, aunque no vinculante, será necesario en los concursos de acceso y transición justa en nudos ubicados en Aragón.
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