Política energética

Aragón aprueba un proyecto de ley para impulsar la transición energética

El proyecto busca fomentar el autoconsumo, incrementar el autoabastecimiento, promover las energías renovables y facilitar la creación de comunidades energéticas

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El Consejo de Gobierno de Aragón ha dado luz verde, en una sesión extraordinaria, a la aprobación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Energía, que busca superar el vacío normativo dejado tras la anulación del decreto ley 1/2023 por el Tribunal Constitucional (TC) en septiembre.

El nuevo texto será remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se apruebe en un pleno del mes de diciembre.

Una respuesta a la sentencia del Constitucional

El TC declaró inconstitucional el decreto al considerar insuficientemente justificadas las razones de urgencia para su aprobación. Ante ello, el presidente, Jorge Azcón, asumió el compromiso de presentar una nueva norma que proporcionara "seguridad jurídica, confianza empresarial y competitividad al sector energético aragonés", como ha explicado la vicepresidenta, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según Vaquero, el nuevo proyecto incorpora cerca del 80 % del contenido del decreto anulado, ajustándolo para solventar las objeciones constitucionales. “Compartimos el fondo del decreto-ley y por eso se contempla gran parte de su contenido, pero con los ajustes necesarios para superar las objeciones del TC", al tiempo que se incorporan también las recomendaciones del tribunal.

Objetivos y medidas principales de la transición energética en Aragón

El proyecto busca fomentar el autoconsumo energético, incrementar el autoabastecimiento y diversificación de las fuentes energéticas, promover las energías renovables y facilitar la creación de comunidades energéticas.

Entre sus medidas, destacan la creación del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, dirigido a reinvertir en los territorios afectados por instalaciones de generación mediante los ingresos de tributos ambientales autonómicos; la regulación de proyectos prioritarios que se configurarán como planes de interés general para acelerar inversiones productivas asociadas a energías renovables, y un informe autonómico preceptivo que, aunque no vinculante, será necesario en los concursos de acceso y transición justa en nudos ubicados en Aragón.

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Vaquero ha asegurado que la anulación del decreto por parte del TC no ha frustrado ninguna inversión estratégica y ha enfatizado en que las disposiciones actualizadas beneficiarán a Aragón al aprovechar su ventaja competitiva en el sector energético.

Recomendaciones de las Cortes y planificación energética

El texto incorpora recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre energías renovables en Aragón, aprobadas por unanimidad en junio de 2024.

Entre ellas, se incluye la elaboración de un nuevo Plan Energético de Aragón, que sustituirá al vigente hasta 2020 y que ordenará territorialmente las energías renovables, considerando impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas y culturales.

También figura la creación del Foro Permanente de la Energía, un órgano consultivo que reunirá a agentes públicos y privados del ámbito energético.

Vaquero ha garantizado su interés por que el impulso al plan energético sea un proceso participativo y espera que con el PSOE, Vox y otros grupos se logre el consenso necesario para potenciar este recurso clave para Aragón.

Tramitación y continuidad

El proyecto también incluye una disposición transitoria para que los procedimientos iniciados bajo el decreto anulado puedan continuar. Además, se autoriza al gobierno aragonés a aprobar en un año un texto refundido que armonice toda la legislación energética autonómica.

Con este proyecto, el Gobierno de Aragón busca consolidar una política energética sostenible, competitiva y alineada con las necesidades del territorio, garantizando la continuidad de inversiones clave y el desarrollo de las energías renovables en la comunidad autónoma, que sea beneficioso para el territorio y que sirva para "superar las tensiones" que se buscaban con el anterior decreto.

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