Argentina reafirmó este miércoles ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que la jurisdicción para resolver el litigio por la nacionalización de la petrolera YPF no es Estados Unidos, sino el propio país suramericano.
En los alegatos orales del proceso que se lleva adelante en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, la defensa de Argentina argumentó que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones.
La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51% de la petrolera que estaba en manos de la española Repsol.
El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25% en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.
Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
El litigio por YPF
En 2023, la jueza superior del distrito de Nueva York, Loretta Preska, falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, es hoy de unos 18.000 millones de dólares.
En junio pasado, Preska ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.
Según informó la Procuración del Tesoro de Argentina en un comunicado, en la audiencia de este miércoles Argentina señaló que Petersen adquirió su participación en YPF "en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción" y era "plenamente consciente de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos".









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