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La falta de transparencia en el sector eléctrico es cada día más preocupante. Se cuenta ya en meses el tiempo en que los responsables gubernamentales, ministro y secretario de Estado, llevan afirmando que 2014 será el primer año de los últimos diez sin déficit de tarifa mientras que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) –la responsable, nada menos, que de gestionar los cobros y pagos del sector– viene advirtiendo, por el contrario, de que este año existe un déficit estructural, que no desaparecerá por mucho que avance el año, que se aproxima gradualmente a los 1.000 millones de euros.

Nadie ha explicado estas diferencias; que esta semana alcanzaban cotas insospechadas: el Ministerio enviaba –cómo no– por trámite de urgencia su propuesta de Orden de peajes para el año 2015 y se descolgaba con afirmaciones del tipo “no se ha podido contar con las información sobre previsiones solicitada a la CNMC dado que no se ha recibido dentro del plazo otorgado para ello”, o “las cantidades recogidas, son cálculos realizados por el Ministerio puesto que no se han recibido los informes previstos…”.

Más sorprendente aún es que la propuesta de Orden recuerde que la actual ley del sector eléctrico exige que los peajes de acceso a las redes sean establecidos de acuerdo con la metodología establecida por la CNMC, que, le guste más o menos al Ministerio (a mí no me satisface especialmente) fue aprobada este verano. No solo se ha hecho caso omiso a la misma, sino que incluso se ha propuesto una rebaja de los peajes de entre el 12% y 15% a la industria vasca, utilizando el subterfugio de crear un subnivel de tensión adicional en el de media tensión, que solo se utiliza en Euskadi. La CNMC ya había manifestado la incompatibilidad de esta medida con su metodología.

Con estos principios, no podemos, por tanto, darle mucha credibilidad a los resultados de los cálculos del Ministerio, que, como cabría esperar, arrojan un leve superávit en las cuentas del sector, tanto para el presente 2014 como para el 2015 y que baten el récord de la ya de por sí falta de transparencia que vienen acumulando las órdenes de peajes desde al menos los últimos 15 años. Destaco, por ejemplo, que se incluye una partida de coste de “ejecución de sentencias” de 60 millones de euros en 2015 y no se dice ni una palabra de a qué sentencias se refiere.

Jorge Morales
Jorge Morales

Todo ello a costa de mantener los peajes en 2015 –excepción hecha de la rebaja citada a la industria vasca– y de traspasar más de 500 millones en concepto de interrumpibilidad del denominado “tramo regulado”, esto es, el que se satisface a través de los peajes, al “tramo liberalizado”, el liquidado en los mercados. Una muestra más de que la separación entre ambos tramos es completamente artificial y que, por tanto, la asignación del déficit de tarifa al primero carece del mínimo atisbo de objetividad.

Hay que reconocer, eso sí, que el Ministerio ha tomado en consideración las advertencias de la CNMC sobre que los ingresos por peajes satisfechos por los consumidores son inferiores a lo previsto debido a la mayor contracción relativa de la demanda doméstica (la que más contribuye al pago de peajes) y la reducción generalizada de la potencia contratada (sin duda relacionada con las drásticas subidas que ha sufrido el precio de este concepto en el último año). De hecho, el Ministerio cuenta con cerca de 800 millones de euros menos por este concepto ya en el presente 2014. ¿Cómo es posible, por tanto, que partiendo de un teórico déficit cero se mantenga éste si los ingresos solo por este concepto son 800 millones inferiores?

La explicación está en dos conceptos: las primas al carbón nacional, que como consecuencia de una menor utilización del servicio durante el año han resultado ser de casi 400 millones menos de lo previsto y, sobre todo, por las primas del extinto régimen especial, que ahora se nos estiman en 700 millones menos que hace solo un año. Una vez más la cifra no cuadra con la publicada por la CNMC, que en su última liquidación apunta, de forma nada clara, dicho sea de paso, a que el recorte “adicional” podría superar los 1.200 millones.

De confirmarse este dato se ratificaría que la mayor aportación a la reducción del déficit de tarifa se ha producido por el sector de las renovables, cogeneración y residuos que, a diferencia de los 1.600 millones de euros de recortes que anunció el Ministerio el año pasado, se estaría enfrentando a recortes superiores a los 3.000 millones. Tengo la impresión de que alguna orden de peajes, de algún año venidero, deberá incorporar importantes cantidades en concepto de ejecución de sentencias que, esta vez sí, estarán claramente identificadas: la devolución de las primas recortadas ilegalmente al régimen especial.

Similares hipótesis se utilizan para aseverar que en 2015 tampoco habrá déficit de tarifa: aun contando con que las primas al carbón vuelvan a aumentar y con la menor recaudación de peajes debida, entre otros, a la industria vasca, basta con sacar de la cuenta los 550 millones presupuestados en 2014 para la interrumpibilidad para cuadrar de nuevo las cuentas.

Al consumidor debe quedarle claro, por tanto, que aunque por peajes previsiblemente pagará lo mismo en 2015 que en 2014, su factura se incrementará, al menos, en lo que corresponda al complemento por interrumpibilidad, cuya cuantía en estos días está en discusión porque los resultados de la subasta celebrada no han satisfecho a algunos de sus adjudicatarios; pero que puede decirse que supondrá entre un 1% y un 1,5% de incremento en su factura final.

Todo ello contando, naturalmente, con que el Ministerio de Hacienda cumpla esta vez con su compromiso de aportar 3.200 millones de euros anuales al sector (nótese que a las alturas a las que estamos solo se han recibido 847); porque de no hacerlo será imposible seguir haciendo artificios.

En resumen: más intervención y menos transparencia en los precios de la electricidad. Al Gobierno no le preocupa: la liquidación definitiva de 2014, ésa en la que por fin no habrá estimaciones y por fin conoceremos si ha habido o no déficit, se efectuará en noviembre de 2015 y, para entonces, seguro que habrá otros en el puesto.

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