El Gobierno catalán ha acordado este martes presentar un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el real decreto que regula la producción eléctrica mediante energías renovables, cogeneración y residuos por considerar que el Gobierno español invaden sus competencias.
El Govern ya interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la ley del sector eléctrico, presentó un conflicto positivo de competencia contra el real decreto que regula la retribución de la distribución de energía eléctrica y también impugnó la llamada orden de interrumpibilidad.
Este conflicto da respuesta a la solicitud de un dictamen al ****Consell de Garanties Estatutàries (CGE) por parte del Gobierno de Artur Mas a finales de agosto.
La decisión tiene una cierta lógica a la vista del impacto negativo que van a tener en la economía catalana los recortes del llamado decreto de renovables y la orden ministerial posterior que lo desarrollaba y donde se fijaba la cuantía de estos. Según un estudio realizado por el Govern, y que ayer publicaba el diario Expansión en su edición catalana, el impacto para Cataluña de la mal llamada reforma energética será de al menos 185 millones de euros.
Según los cálculos realizados por la Generalitat, las 3.866 instalaciones catalanas acogidas al régimen especial percibirán de media un 15% menos que antes, siendo las plantas de purines y de cogeneración las más afectadas, ya que sufren el impacto directo del 75% de los recortes contemplados en la reforma energética del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del pasado 6 de junio.
El cálculo parte de la base de que se mantengan abiertas las mismas plantas que en 2012, cuando se decretó una moratoria para las renovables, que duró hasta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó el pasado junio el real decreto sobre producción eléctrica. A la vista de que algunas instalaciones han cerrado –sobre todo entre las de tratamiento de purines–, la afectación seguramente será superior.
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