El Gobierno ha aprobado un nuevo gravamen temporal sobre las energéticas para 2025, que contará con bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que adquirió con ERC, Bildu y BNG. Pero esa tasa quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.
En este escenario, el Gobierno ha aprovechado el último decreto del año para aprobar un nuevo gravamen energético, que tendrán que satisfacer en el ejercicio de 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos.
El gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts en la convalidación del decreto en el Congreso: una es que se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos.
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