Así sería el desmantelamiento de las centrales nucleares si las eléctricas lo gestionaran

El Gobierno anunció hace unas semanas que iba a plantear a las Cortes un cambio normativo para que la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares pase de la empresa pública Enresa a las compañías eléctricas propietarias. La decisión podría llegar a buen puerto si cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios y en ese caso, ¿qué consecuencias tendría?

España es el **uno de los pocos países en el que el desmantelamiento de una central nuclear **es responsabilidad de una empresa pública, Enresa, que recibe la financiación de un fondo por parte de las eléctricas. En los últimos años Enresa ha procedido al desmontaje de las planta de Vandellòs-1, en Tarragona, y de José Cabrera, en Guadalajara. Y ahora le toca el turno a Garoña.

El problema es que para las eléctricas Enresa no ha gestionado bien el "muchísimo dinero" que le han pagado en las últimas décadas. El fondo, que asciende a unos 5.000 millones acumulados desde 1985, se queda corto, y tiene un agujero que suma, como mínimo, unos 3.000 millones de euros, una cantidad necesaria para asumir todos los costes derivados del cierre de las centrales.

Por eso, si el resto del desmantelamiento se queda en manos de las eléctricas, todo podría cambiar, aunque en este punto no hay consenso entre las tres propietarias de las centrales, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa. Mientras que las dos primeras no están de acuerdo con asumir de forma directa su coste, (para Sánchez Galán "es responsabilidad del Estado, la ley es la ley" y para Rafael Villaseca “no es razonable” y espera que no ocurra), Endesa sí que está dispuesta a asumir el coste siempre que se le devuelvan las cantidades aportadas a Enresa.

"Si lo decide el Gobierno, si pasa a ser responsabilidad de las eléctricas, les iba a salir el desmantelamiento mucho más barato, y con el mismo servicio que si lo hiciera Enresa", explican a este diario fuentes del sector eléctrico, "todos se ahorrarían los salarios de Enresa y si el fondo de los 5.000 millones de euros hubiera sido gestionado por una empresa privada, probablemente a día de hoy habría 10.000 millones de euros en el fondo, porque no se sabe cómo esta empresa pública ha rentabilizado ese dinero ni en qué lo ha gastado, igual se ha ido a otras partidas que se desconocen".

"Es lo que ocurre con una empresa pública, que nadie se ha puesto a pedirles explicaciones sobre qué ha hecho con los millones de euros que ha ido sumando de las aportaciones de las eléctricas en las últimas décadas", continúan las fuentes, "y ciertamente éstas no están encantadas en asumir esa labor, ni están deseando hacerlo, pero lo harían bajo el principio de rentabilidad económica y cumpliendo con la legislación". Más aún, "a lo mejor si hubiera sido una decisión que se hubiera tomado en 1985, a día de hoy estarían preparadas para asumir esa responsabilidad, porque ya tendrían el personal formado para ello". Por eso, una de las propuestas que está en el aire es "lanzar un concurso internacional y abierto a todos aquellos operadores que quieran ejecutar esa función, y con absoluta seguridad lo harían a un precio mucho más competitivo del que lo hace Enresa, incluso por la mitad".

"Que el desmantelamiento se realice por parte de una empresa pública como Enresa es una garantía", explican por su parte fuentes de la Administración, "de hecho lo que ocurre en otros países donde esta responsabilidad es de las propietarias de las centrales nucleares es que hasta que dicha compañía no le viene bien ocuparse de ese desmantelamiento, se puede quedar en espera todo el tiempo que crea necesario".

Para estas fuentes, "Enresa no solo se encarga del desmantelamiento de las centrales, también gestiona los residuos de instalaciones radiactivas, las instalaciones radiactivas autorizadas como El Cabril, la transferencia de materiales radiactivos o los sistemas de almacenamiento de residuos temporales o cuando sea central, como el futuro ATC de Villar de Cañas, por los que ha demostrado su capacidad tecnológica y su know-how, convirtiéndose en referente internacional en gestión de residuos radiactivos". Y añaden que "hay que creer en el servicio público como garante de esta gestión con los máximos estándares de seguridad".

"Si finalmente el Gobierno decide traspasar esa responsabilidad a las compañías propietarias de estas centrales eléctricas lo harían cumpliendo con la legislación y las normas de seguridad establecidas, como se hace en la mayoría de los países y se hace bien", concluye Eugeni Vives, presidente de la Comisión de Comunicación de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Ahora solo falta que los políticos decidan qué hacer.