El consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Isaac Pola, ha confiado en que el retraso en la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva no tenga "una incidencia directa" en el proceso de venta de la planta de Alcoa en Avilés y ha subrayado que el Principado sigue "trabajando en la búsqueda de inversores".
En declaraciones a los medios, Pola ha recordado que el Gobierno regional mantiene "un diálogo abierto con unos cuantos inversores interesados" en las plantas de Avilés y A Coruña.
Además, ha precisado que el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez no vaya a aprobar finalmente el estatuto en el Consejo de Ministros del último antes de las elecciones generales del domingo, "no significa que no se vaya a aprobar", puesto que previsiblemente lo hará el próximo Ejecutivo.
En su opinión, "cualquier Gobierno que pudiera venir en el futuro procedería a su aprobación" una vez atendidas las alegaciones planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
A este respecto, ha expresado su esperanza en que la versión definitiva del estatuto sea mejor que la primera planteada por el Gobierno, y a la que el Principado presentó varias alegaciones centradas en asuntos como el incremento de compensación de costes indirectos por la emisión de CO2.
Pola ha dicho entender el malestar de los sindicatos por el retraso en la aprobación del estatuto, al afirmar que "desde una perspectiva humana es lógico", y señalar que a él también le parece "una mala noticia" porque existía la expectativa de que el actual Gobierno le diera luz verde antes de las elecciones.
El periodo abierto para la búsqueda de un comprador para las dos plantas de Alcoa finaliza el 30 de junio, proceso que se verá condicionado por el precio que tengan que pagar por la electricidad ya que supone su principal coste de producción.
El Gobierno justificó ayer la decisión de no aprobar el estatuto electrointensivo ante la necesidad de garantizar la "máxima seguridad jurídica" de la nueva normativa tras las alegaciones planteadas por la CNMC.
La CNMC considera que los mecanismos incluidos en el proyecto del estatuto de consumidores electrointensivos, que persigue paliar el impacto de la factura eléctrica en las grandes industrias, deben ser vistas como ayudas de Estado.
El proyecto de real decreto por el que se regula el estatuto recoge distintos mecanismos de apoyo -reducción o exención de la financiación de los pagos por capacidad, compensación de costes de emisiones, revisión de coeficientes de pérdidas o cobertura de riesgos para contratos a largo plazo- y todos deben ser analizados "desde la óptica de ayudas de Estado", según la CNMC.
Por ello, en su informe sobre el proyecto, la CNMC pide analizar en mayor detalle todos los mecanismos incluidos y recomienda que se tengan en consideración las ayudas a la industria electrointensiva que otros Estados miembros han adoptado y que ya han sido autorizadas por la Comisión Europea.
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