Las "comunidades de energía" pensadas para que ciudadanos, Ayuntamientos o pequeñas empresas compartan el excedente eléctrico renovable que no consuman siguen muy lejos de convertirse en el motor local de la transición verde que esperaba la Comisión Europea, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
Una auditoría sobre esa pieza normativa del Pacto Verde Europeo recomienda simplificar burocracia, acelerar trámites y facilitar baterías para impulsar esa herramienta pensada para abaratar las facturas eléctricas de los pequeños consumidores que se asocien en esas estructuras.
"La energía dirigida por los ciudadanos sigue siendo una idea convincente: prometedora en teoría, pero difícil en la práctica", señaló en un comunicado el auditor responsable el informe, João Leão, quien subrayó que "la UE debe ahora eliminar los obstáculos jurídicos y técnicos para lograr que funcione eficazmente sobre el terreno".
Las comunidades energéticas son estructuras jurídicas en las que ciudadanos, autoridades locales y pequeñas empresas se agrupan para producir, gestionar, compartir, consumir o incluso vender energía, normalmente de origen renovable.
Las comunidades energéticas
Pueden ser desde un edificio con paneles solares o proyectos más grandes a escala de barrio o pueblo y su objetivo es repartir el excedente eléctrico del autoconsumo y acercar la transición energética al ámbito local.
La auditoría sostiene que es "poco probable" que la Unión Europea cumpla en 2025 el objetivo político de contar con al menos una comunidad de energías renovables en cada municipio de más de 10.000 habitantes pues a comienzos de 2025, el bloque solo había alcanzado alrededor del 27 % de esa meta, según el Tribunal de Cuentas.
"La estimación era demasiado optimista", resumen los auditores.
Existen además grandes diferencias entre los países, con Dinamarca a la cabeza (86,2%), seguida de Países Bajos (81%), Irlanda (78,9%) y Alemania (63%).
España se queda en el 4,4% , en el puesto 14 de 26 países, pues el informe no incluye Austria, y cierran la tabla Bulgaria (0,8%), Hungría (0,7%), Rumanía (0,4%) y Chipre, Letonia y Malta, que no tienen ninguna comunidad energética operativa.
Los problemas identificados por el Tribunal de Cuentas pasan por "definiciones poco claras" sobre lo que se considera una comunidad de energía que dan lugar a confusión, cómo estructurarla y cómo ejecutar el reparto de energía.
"Esta confusión jurídica genera el riesgo de disuadir a los ciudadanos de participar y, en última instancia, dificulta la creación de comunidades de energía", apunta el informe.
Menos burocracia, más baterías
Los auditores, que basan su informe en un análisis en profundidad de Países Bajos, Polonia, Italia y Rumanía, se refieren en particular a los edificios de apartamentos, donde reside casi la mitad de la población de la Unión Europea.
"La perspectiva de añadir una nueva entidad jurídica además de las asociaciones de propietarios ya existentes creadas para gestionar los edificios puede parecer simplemente otro nivel de burocracia", indican.
Además, los "retrasos o las denegaciones de conexión de nuevas instalaciones debido a la congestión de la red están ralentizando el desarrollo de las comunidades de energía", dicen en referencia a otro problema que emerge recurrentemente de forma transversal en el debate comunitario: la necesidad de ampliar las redes, modernizarlas y acelerar las conexiones.
galan
09/03/2026