La justicia australiana se ha coronado como la tabla de salvación para que los fondos que invirtieron en renovables en España puedan cobrarse los laudos ganados al Estado español en los distintos tribunales de arbitraje por el hachazo renovable.
Antes de que comenzara la trágica crisis del coronavirus, dos fondos, Eiser y Antin, consiguieron que la justicia australiana, a través del Tribunal Federal, les diera la razón y pudieran ejecutar la totalidad del laudo ganado a España. Algo que no habían conseguido en los tribunales de EEUU donde acudieron primero. Allí la Abogacía del Estado pudo conseguir retrasar el pago, pero en Australia, tal y como contó El Confidencial, "no hay obstáculo para que este tribunal reconozca y ejecute los laudos". En total, son 229 millones de euros que serán ejecutados a través de bienes españoles en Australia.
Esto ha provocado que otros dos fondos acudan también a la justicia australiana para poder cobrarse el laudo que el Gobierno tanto se niega pagar. Por un lado, la ejecución del laudo de RREEF INFRASTRUCTURE (G.P.) LIMITED Y RREEF PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE TWO LUX S.À R.L. contra el Reino de España, una cantidad que asciende a otros 59,6 millones de euros. Por otro lado, está 9REN Holding con otros 41,9 millones más intereses y costas.
En ambos casos aún está por conocerse la decisión del Tribunal Federal, aunque teniendo en cuenta lo sucedido con Antin y Eiser, es más que probable que vuelva a perder el Estado español.
Todo esto lo único que hace es engordar aún más el total a pagar por el Estado que intenta recurrir y paralizar los laudos todo lo que puede. Pero cada pleito son más costes. El IDAE, con la Abogacía del Estado a la cabeza está contratando los servicios de bufetes de abogados para poder defenderse en Australia.
Con Antin y Eiser, ambos casos perdidos, España contrató al bufete Squire Patton Boggs. Los servicios de este despacho de abogados fueron de unos 318.500 euros por cada caso.
Ahora con los fondos de Luxemburgo, España ha contratado los servicios jurídicos de otro bufete, Johnson Winter and Slattery, por algo más de 400.000 euros. Y en el caso de 9REN Holding España ha vuelto a contratar al despacho de abogados con el que perdió la ejecución de los laudos de Antin y Eiser, Squire Patton Boggs.
En el primero de estos casos, los fondos luxemburgueses cuentan con los bufetes Allen & Overy y Jeffrey Sullivan, ambas firmas de Londres. En el caso de 9REN, son defendidos por el español Gómez-Acebo & Pombo (GA&P) y King & Spalding.
Más casos en Suiza y EEUU
Los inversores extranjeros que han ganado sus respectivos laudos están intentando cobrarlos. Ya sea vendiéndolos a terceros por una menor cantidad o recurriendo a la justicia para ejecutar bienes españoles. Además de estos casos de Australia, otros inversores están acudiendo a otras jurisdicciones. Es el ejemplo de INFRARED ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE GP LIMITED y otros contra el Reino de España que ha acudido a la justicia de EEUU para ejecutar también su laudo.
En Suiza, sin embargo se está dirimiendo el caso de PV Investors en el que se culpó a España a pagar 90 millones de euros. Un laudo que realmente fue bastante favorable a España ya que el bufete Herbert Smith consiguió reducir casi a la nada los 1.900 millones de euros. Se ha pedido la anulación de este laudo y España ha contratado los servicios de Floriep Legal para defenderse sobre la anulación del laudo. Otros 250.000 euros que ha pagado por ello.
La batalla legal de España frente a los fondos está siendo larga, dura pero también muy costosa para las arcas del Estado. A los ya de por sí costosos arbitrajes ahora hay que pagar también los servicios legales en los recursos de los laudos. A ello, encima hay que esperar la ejecución de los bienes en Australia, algo que sería de infame imagen para un país que está ahora al borde del rescate por la crisis de la COVID-19.
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