Bolivia militariza las plantas de YPFB para evitar "corrupción" e incorpora aditivos para mejorar la gasolina

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha activado el resguardo militar de las plantas estratégicas de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde este lunes para defender la empresa "de las mafias y de la corrupción".

"Estamos actuando en la defensa de la patria. Este resguardo de nuestras plantas estratégica es en defensa, a su vez, de los buenos trabajadores de YPFB, para defender a nuestra empresa de las mafias y de la corrupción", ha explicado en un mensaje dirigido a la nación.

Paz ha añadido que la medida también se dirige a "blindar" la soberanía energética del país y a "garantizar la trazabilidad total" en la cadena de producción y distribución de la gasolina para "cortar de raíz cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo".

En paralelo, el Gobierno boliviano incorporará aditivos estabilizantes antioxidantes que evitan la degradación de la gasolina. "Es la primera vez que se generan estas mejoras en la patria. Protege motores, mejora la calidad y no implica aumento de precios al combustible", ha señalado.

El Gobierno e YPFB

Por último, el país ha fortalecido el Servicio de Registro Cívico (SERECI) para que los afectados por el consumo de gasolina de mala calidad puedan recibir "compensaciones justas y rápidas".

El Gobierno de Rodrigo Paz admitió a principios de febrero que se estaba distribuyendo gasolina de mala calidad en Bolivia por un problema en la mezcla del combustible. Ante este anuncio, varios sindicatos y federaciones del transporte público se movilizaron para exigir una compensación económica por los daños provocados a sus vehículos.

"Lo ocurrido hace algunas semanas con la calidad de la gasolina no fue un simple error técnico, no fue impericia, fue un acto deliberado de sabotaje", denunció el mandatario en su discurso de este lunes.

YPFB también afronta estas semanas el dictamen de la Justicia de Bolivia de aplicar prisión preventiva de 90 días contra la exgerente de la petrolera tras ser imputada por usurpación de funciones y conducta antieconómica.