La Comisión Europea se dispone a dar un giro estratégico a su política industrial con un objetivo claro: detener el retroceso del peso manufacturero y reforzar la autonomía económica de la Unión en un entorno global cada vez más competitivo e incierto. Bruselas prevé presentar a finales de enero el denominado Industrial Accelerator Act, un reglamento llamado a convertirse en la pieza central de una nueva etapa de reindustrialización europea. La meta es ambiciosa y explícita: que la industria manufacturera vuelva a representar al menos el 20% del valor añadido bruto de la UE en 2030, lo que supondría recuperar cerca de cinco puntos en apenas cinco años.
La iniciativa parte de un diagnóstico ampliamente compartido en las instituciones comunitarias. En las dos últimas décadas, la industria europea ha perdido peso frente a otras regiones, al tiempo que se ha visto presionada por el aumento de los costes energéticos, una competencia internacional más agresiva y la necesidad de acometer inversiones masivas para descarbonizar sus procesos productivos. A ello se suma un contexto geopolítico marcado por tensiones comerciales, subsidios extranjeros y una creciente fragilidad de las cadenas de suministro. Para la Comisión, reforzar la base industrial no es solo una cuestión de crecimiento económico, sino un elemento clave de seguridad, estabilidad social y soberanía estratégica.
Creación de mercados de referencia
El corazón del nuevo reglamento reside en la creación de mercados de referencia para productos industriales europeos y de baja huella de carbono. El borrador introduce criterios obligatorios de emisiones y de origen en la contratación pública para sectores intensivos en energía como el acero, el cemento y el aluminio. Las administraciones deberán integrar en sus licitaciones un porcentaje mínimo de contenido europeo y “bajo en carbono”, con umbrales definidos de forma precisa por producto. En el sector eólico, por ejemplo, se exigirá que al menos un componente principal sea de origen europeo a partir de un año después de la entrada en vigor de la norma, mientras que el mercado del automóvil quedará sujeto a requisitos específicos ligados a la cadena de valor de la movilidad eléctrica y a sus componentes estratégicos.
Esta preferencia por el “Made in Europe” no se limitará a las compras públicas. Parte de los regímenes de ayudas estatales podrían condicionarse al cumplimiento de los criterios de descarbonización y de origen europeo, reforzando la idea de que el dinero público debe servir para consolidar cadenas de valor industriales dentro del mercado único. Bruselas busca así evitar que la transición verde, impulsada con fondos europeos y nacionales, termine beneficiando de forma desproporcionada a proveedores externos en ámbitos clave como las baterías, las energías renovables o las tecnologías limpias.
Otro de los pilares más sensibles del proyecto es el control de las inversiones extranjeras. El texto prevé que los Estados miembros designen autoridades específicas encargadas de examinar y autorizar determinadas inversiones en sectores considerados estratégicos. Entre las condiciones que se barajan figura la obligación de que los productos comercializados por empresas de fuera de la UE incorporen al menos un 50% de insumos europeos. El objetivo es garantizar que estas inversiones generen valor añadido real en territorio comunitario, con transferencia de tecnología, creación de empleo y una integración efectiva en las cadenas de suministro europeas, evitando que la UE quede relegada a actividades de ensamblaje final de bajo valor.
Simplificación administrativa
Para acelerar la implantación de nuevas capacidades industriales, el Industrial Accelerator Act introduce además una batería de medidas de simplificación administrativa. Se establecerá un “permiso único” para proyectos industriales, que concentrará las autorizaciones necesarias y reducirá de forma significativa los plazos. Paralelamente, se fomentará la creación de clústeres en zonas designadas como áreas de aceleración industrial, donde los procedimientos, incluidas las evaluaciones de impacto, se simplificarán con el fin de atraer inversiones y facilitar el despliegue rápido de proyectos de gran escala.
El paquete se completa con la creación de una etiqueta voluntaria de “bajo carbono”, concebida para dar visibilidad y valor de mercado a los productos industriales europeos que apuesten por procesos de producción más limpios. En sectores como el acero, donde distinguir entre productos con distinta intensidad de emisiones sigue siendo complejo, Bruselas confía en que este sello aporte transparencia, genere confianza entre compradores públicos y privados y ayude a justificar precios más altos para las producciones más sostenibles.
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