La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para reformar el sistema de homologación de vehículos que prevé multas de hasta 30.000 euros por vehículo trucado si no son impuestas por un Estado miembro, así como la posibilidad de suspender el permiso a los servicios técnicos que los avalen.
En concreto, las sanciones podrán ser impuestas tanto a los fabricantes cuyos vehículos incumplan la normativa como a los servicios técnicos encargados de efectuar los controles y verificar su adecuación. El montante concreto de las multas se calcularía tras un análisis que tendrá en cuenta la gravedad y la extensión del incumplimiento.
Además, el Ejecutivo comunitario quiere aumentar su peso en el nuevo marco de verificación de vehículos mediante poderes para suspender, restringir o incluso retirar las autorizaciones de servicios técnicos que apliquen de forma incorrecta las normas de homologación y prevé la posibilidad de llevar a cabo controles aleatorios de verificación una vez entregados los permisos de circulación.
De esta forma, mientras que actualmente la responsabilidad de actuar ante prácticas incorrectas sólo compete a los Estados miembro en los que se ha aprobado una autorización, la nueva normativa que propone tanto el resto de países de la UE como la propia Comisión puedan efectuar controles a coches en el mercado. Bruselas tendrá además el derecho de ordenar la retirada de las unidades si fuese necesario, según cuenta Europa Press.
En cualquier caso, la normativa mantiene la obligación por parte de los Estados miembro para sancionar de forma efectiva, proporcionada y disuasiva estas prácticas. Así, los países de la UE tendrán que informar a la Comisión todos los años de las multas que han impuesto.
El vicepresidente de la Comisión Europea para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad, Jyrki Katainen, ha destacado que el escándalo de manipulación de emisiones de la firma alemana Volkswagen "demostró que el sistema que permite a los coches su circulación necesita ser mejorado". "Actuamos para asegurarnos que no pase de nuevo", ha recalcado.
Por otro lado, Bruselas quiere reforzar la independencia y la calidad de los test mediante una modificación del sistema de autorización de servicios técnicos. El objetivo es evitar los conflictos de interés entre los fabricantes de vehículos y las inspecciones técnicas.
La Comisión Europea ha explicado que son los Estados miembros los encargados en la actualidad de designar los servicios técnicos que realizan los controles de homologación, que son pagados directamente por los fabricantes de vehículos.
La modificación del sistema de remuneración propuesta por el Ejecutivo comunitario busca evitar estas relaciones financieras entre ambas partes, que "podrían llevar a un conflicto de intereses y comprometer la independencia de los controles". En la misma línea, prevé unos criterios más rigurosos para estos servicios técnicos, que serán auditados regularmente para poder mantener su denominación.
Por último, la Comisión mantiene la prohibición de utilizar dispositivos de manipulación, con la obligación de vigilancia por parte de las autoridades nacionales, pero el nuevo reglamento recoge que los grupos automovilísticos tendrán que facilitar el acceso a los protocolos de software de los vehículos.
La comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, ha remarcado que las propuestas presentadas por la Comisión "incrementarán la calidad y la independencia de los controles de vehículos y mejorarán la vigilancia de los que ya están en circulación". "Esto complementa a nuestros esfuerzos para introducir test de emisiones más robustos", ha añadido.
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