La Comisión Europea prepara un endurecimiento sin precedentes de las normas de contratación pública para reducir la presencia de empresas chinas y de otros países terceros en sectores estratégicos como la energía, en un movimiento que combina objetivos de competitividad industrial con una creciente preocupación por la seguridad económica de la Unión Europea. El borrador de la futura reforma permitirá a los Estados miembros excluir de las licitaciones públicas a compañías de países extracomunitarios cuando las empresas europeas no disfruten de un acceso equivalente a los contratos públicos en esos mercados o cuando sea necesario proteger intereses esenciales de la UE, especialmente en infraestructuras críticas y cadenas de suministro sensibles.
La propuesta, cuya presentación oficial está prevista para el próximo 9 de septiembre, supone una revisión integral de la legislación europea sobre contratación pública y sustituirá las tres directivas actualmente vigentes por un único reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros. El objetivo es reforzar la autonomía estratégica europea, simplificar un marco jurídico que Bruselas considera excesivamente fragmentado y utilizar el poder de compra de las administraciones públicas como herramienta para fortalecer la industria comunitaria.
Limitar la participación de operadores de terceros países
El texto introduce un marco común para limitar la participación de operadores de terceros países y aclara la diferencia entre aquellas empresas cuyos países mantienen compromisos internacionales de acceso a los mercados públicos europeos y aquellas que no disfrutan de esos acuerdos. En este contexto, la Comisión podrá restringir el acceso a las licitaciones cuando un análisis determine que un tercer país no concede un trato equivalente a las compañías europeas o cuando la limitación resulte necesaria para salvaguardar intereses esenciales de la Unión. Asimismo, las administraciones podrán imponer requisitos de preferencia europea, exigir un origen mínimo comunitario de bienes o servicios o incluso cerrar determinados procedimientos a empresas no cubiertas por los acuerdos internacionales de contratación pública.
Aunque el borrador no menciona expresamente a China, las medidas responden claramente a la preocupación creciente por la dependencia europea de proveedores chinos en sectores estratégicos. La Comisión subraya que los poderes adjudicadores deberán tener en cuenta riesgos relacionados con infraestructuras críticas, ciberseguridad, interrupciones del suministro, dependencias estratégicas y posibles influencias indebidas de terceros países sobre activos considerados esenciales para la seguridad de la Unión.
La iniciativa se alinea con la estrategia defendida por el ex primer ministro italiano Mario Draghi en su informe sobre la competitividad europea, en el que identifica la contratación pública como una de las principales herramientas para reforzar la capacidad industrial del bloque mediante una mayor preferencia hacia las empresas europeas. La Comisión recoge ese planteamiento al considerar que las compras públicas, que representan alrededor del 15% del PIB de la Unión, deben convertirse en un instrumento para impulsar la competitividad, acelerar las transiciones energética y digital y reforzar la autonomía estratégica europea.
La reforma también consolida en un único texto los distintos motivos legales que actualmente permiten excluir a operadores extracomunitarios o resolver contratos públicos. Bruselas considera que las normas existentes se encuentran dispersas en más de medio centenar de instrumentos legislativos sectoriales, lo que genera inseguridad jurídica tanto para las administraciones como para las empresas. El nuevo reglamento pretende unificar esos criterios y ofrecer un marco coherente para toda la Unión.
Cambios de amplio alcance
El endurecimiento de las reglas llega después de que la Comisión confirmara en mayo que adoptaría medidas inmediatas para restringir el uso de fondos europeos en proyectos de energías limpias que empleen inversores procedentes de países no pertenecientes a la Unión, una decisión orientada igualmente a reducir la dependencia tecnológica exterior en infraestructuras energéticas consideradas críticas.
Además de las nuevas limitaciones a empresas de terceros países, la propuesta incorpora cambios de amplio alcance en la contratación pública europea. Entre ellos figura la sustitución del criterio del precio más bajo por la mejor relación calidad-precio como regla general de adjudicación, un mayor peso de los criterios medioambientales y sociales, procedimientos más flexibles para fomentar la innovación y un ecosistema digital común para todas las licitaciones europeas. También se refuerzan las obligaciones relacionadas con la resiliencia de las cadenas de suministro, la eficiencia energética, la economía circular y la seguridad del abastecimiento en sectores considerados esenciales.
La Comisión defiende que el nuevo reglamento permitirá responder a un contexto geopolítico marcado por una competencia internacional cada vez más intensa, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y el uso de las dependencias económicas como instrumento de presión política. En ese escenario, Bruselas considera que la forma en que las administraciones europeas adjudican contratos públicos ha dejado de ser únicamente una cuestión administrativa para convertirse en un elemento central de la política industrial y de seguridad económica de la Unión.
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