El sector eléctrico es esencial en la transición energética europea y mundial y de ahí la relevancia de realizar las transformaciones que resulten imprescindibles y que constituirán la base de las nuevas políticas energéticas.
Sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica
Pero la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la COP 26, el Pacto Verde Europeo o la Ley española de cambio climático y transición energética deben ir en todo momento en armonía con la sostenibilidad económica del sistema y fundamentarse en un modelo con capacidad para resarcir adecuadamente al inversor y, al mismo tiempo, dar electricidad a hogares y empresas al menor coste posible.
Las nuevas tecnologías tienen un papel neurálgico para hacer frente al cambio climático y abastecer la creciente demanda de fuentes renovables por parte de empresas e inversores, pero el desarrollo de las tecnologías limpias presenta una serie de retos que son, entre otros, el acceso a financiación por los promotores de nuevas instalaciones renovables, la garantía de la viabilidad económica de los proyectos y la mejora de la integración en red y mercados eléctricos.
Este hecho ha llevado a un mercado de inversión cada vez más activo en el que productores, inversores y corporaciones exploran nuevas oportunidades de negocio para lograr la descarbonización.
Beneficios de los PPA para las empresas y la sostenibilidad
Así, en la actualidad, multitud de empresas privadas se han marcado objetivos a largo plazo en materia de energía y sostenibilidad buscando una reducción de emisiones y el control del propio gasto energético. La firma de contratos bilaterales a medida directamente con productores renovables o PPA –Power Purchase Agreements–es una tendencia que ha adquirido cada vez más importancia a nivel mundial desde 2010, pese a la recesión generada por la pandemia del COVID-19.
A través de uno o varios PPAs son diversas las empresas que se encuentran cerca de lograr el objetivo de consumir electricidad 100% renovable o ya lo han logrado, tal como se refleja, en el caso de Facebook, en el artículo de R. Roca en este periódico “Facebook se convierte en 100% renovables: sus operaciones se suministran de energía verde en todo el planeta”, o de Amazon en el artículo de Europa Press, “Amazon se convierte en el mayor inversor de energía renovable del mundo”.
En términos generales, un PPA es un contrato bilateral a largo plazo entre un productor renovable y un gran consumidor para la compraventa de energía eléctrica a un precio concreto. El comprador puede ser bien el consumidor final o un intermediario – distribuidor o comercializador –. Se trata de un compromiso financiero recíproco beneficioso para el comprador, que obtendrá energía a precio más competitivo que en el mercado y sin sujeción a sus fluctuaciones, y para el generador, que tendrá capacidad para desarrollar su proyecto en función de decisiones de inversión tomadas con criterios de rentabilidad y riesgo más favorable. Por tanto, constituyen una solución comercial capaz de rentabilizar, con flujo de caja asegurado, la inversión en una nueva central de energía renovable.
La negociación de los PPA
Estos contratos pueden tener varias estructuras y modalidades, de manera que exigen un estudio para que los compradores den con el tipo de servicio más adecuado o apto a sus necesidades. En esencia, un PPA consiste en un instrumento de cobertura del precio de la energía, siendo posible la proposición de varios modelos de precio y volumen para la optimización de su valor de cara a los colaboradores.
Debido a su gran importancia en el mercado de hoy en día, este artículo se centra principalmente en los PPA corporativos, esto es, en los que el comprador o consumidor es una empresa privada.
Existe la posibilidad de estructuras con varios compradores, a través de las cuales diferentes adquirientes se unen para entrar en un PPA, lo que constituye una solución para distribuir riesgos que cada vez tiene más atractivo para empresas con poca demanda y/o escasa experiencia en este tipo de acuerdos.
El hecho de que los inversores y productores tiendan a compartir intereses similares, aunque éstos pueden ser contrarios a los de los compradores corporativos, hace que suela prolongarse el periodo de negociación de las condiciones de estos contratos. En un acuerdo PPA se fijan términos comerciales tales como la duración, punto o forma de entrega, volumen y precio. Tales condiciones son capaces de delimitar la viabilidad del proyecto renovable en cuestión, con capacidad de aumentar la velocidad y alcance de la implantación de energías renovables y asegurar que se cumplan los objetivos de sostenibilidad de un país.
Las motivaciones y beneficios para compradores corporativos en un PPA abarcan aspectos económicos, de riesgo, de sostenibilidad y reputacionales. Igualmente, el precio pactado por el comprador corporativo también es determinante, ya que puede definir la viabilidad del proyecto renovable al otorgar un flujo concreto de ingresos para el promotor.
El comprador también puede enfrentarse a diversos retos y riesgos entre los que destacan la dedicación de tiempo y recursos a una actividad no central, la entrada en un contrato a largo plazo, la búsqueda del proyecto apropiado, o la evaluación de restricciones regulatorias y derecho a la competencia, además de los retos adicionales existentes de manera intrínseca en sectores concretos.
Por otro lado, las consideraciones que tendrán en cuenta tanto acreedores como inversores para estimar “bancable” el proyecto son, entre otras, la certidumbre y seguridad en el precio, la duración, el apoyo crediticio, o el riesgo de cambios regulatorios.
Conviene resaltar también las dificultades que se puede encontrar el productor, como por ejemplo el desconocimiento por parte del cliente, la determinación de precios y costes de transacción o la certificación renovable.
Beneficios de los PPA para los presupuestos públicos
Los PPAs son una opción que merece ser promovida como medio para impulsar las tecnologías limpias sin depender de sistemas de apoyo de carácter estatal a los que contribuye el ciudadano medio, ya que incita a los grandes consumidores del sector privado a sustentar las inversiones en energías renovables con tecnologías que han alcanzado un adecuado grado de madurez.
Los gobiernos de los países donde tales acuerdos no se estén llevando todavía a la práctica deberían orientar sus objetivos de sostenibilidad en esta línea, por el ahorro que significan para el Estado y el impulso a la participación de las energías renovables en el “mix” energético que se lograría si las empresas del sector privado las entienden como elemento apetecible y no como un mandato de obligado cumplimiento.
Luis García es socio de Clyde & Co.
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