El Gobierno de Canarias ha presentado ante la Secretaría de Estado de Energía un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Repsol la ejecución de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
El Gobierno canario pide la nulidad de la resolución, al estimar que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental presenta "omisiones, carencias, deficiencias, contradicciones e incertidumbres que lo vician de invalidez".
El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno canario, Fernando Ríos, indica que entre los argumentos que fundamentan el recurso se encuentra que, tal y como se ha denunciado a lo largo de estos dos años, el expediente instruido por el Ministerio de Industria "es una auténtica chapuza".
Ríos, en un comunicado, afirma que la autorización presenta numerosos defectos formales tales como no haberse sacado a información pública parte importante de la documentación medioambiental "hurtándole a los ciudadanos el conocimiento de información relevante",
Asimismo afirma que la declaración de impacto ambiental (DIA) fue emitida sin que el Ministerio de Medioambiente conociera informes sobre aspectos esenciales del proyecto que afectan directamente no solo a la flora y fauna sino incluso a la salud de las personas, o que no haya tenido en cuenta ni contestado las miles de alegaciones realizadas por ciudadanos, colectivos y Administraciones.
Para Ríos, el estudio de impacto realizado por Repsol no hace un estudio científico adecuado sobre los cambios estacionales, oceanográficos o climáticos ni alcanza los objetivos propuestos con el diseño de muestreo utilizado, ni permite detectar impactos en el futuro.
En su opinión, el estudio de Repsol ignora las posibles afecciones a espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000, donde se ha registrado la presencia de 30 especies de cetáceos, sin que se haya descartado la presencia de ninguna de ellas en el área de prospección.
Añade la nota del Gobierno de Canarias que a escasos kilómetros de los puntos de sondeo se encuentra una las áreas marinas más importantes de Europa en cuanto a biodiversidad, en trámite de ser declarada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), lo que supone una vulneración de la normativa europea.
En caso de que el recurso se desestime, el Gobierno de Canarias podrá acudir a la Audiencia Nacional, en lo que será otro largo proceso judicial en contra de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
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