Política energética

Afganistán vs. Pakistán: la integración energética en peligro

El conflicto armado imposibilita la construcción y financiación del gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India, crítico para el suministro de 33.000 millones de metros cúbicos de gas anuales

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La región del Sur de Asia se enfrenta a un cambio de paradigma geopolítico tras la declaración formal de guerra abierta entre Pakistán y el gobierno afgano. Lo que comenzó como un conjunto de peleas fronterizas ha escalado a una campaña de bombardeos aéreos sobre las principales capitales afganas y operaciones de represalia con artillería pesada sobre bases militares paquistaníes.

Este conflicto no solo redefine el precario equilibrio de seguridad, sino que actúa como un factor que puede imposibilitar los proyectos energéticos diseñados para conectar los excedentes de gas y electricidad de Asia Central con los mercados deficitarios del Sur de Asia. En un contexto global de máxima tensión por las crisis en Oriente Medio, la desestabilización de este eje añade una presión crítica a los costes de suministro continental.

De la desconfianza al conflicto

Las relaciones entre Islamabad y Kabul han sufrido un deterioro sistémico desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Pakistán acusa a Afganistán de proporcionar refugio y apoyo logístico al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo responsable del incremento de atentados en territorio paquistaní. Pese a los repetidos intentos de mediación internacional liderados por Qatar y Arabia Saudí, que resultaron en un frágil alto el fuego en octubre de 2025, la escalada militar ha roto toda vía diplomática posible.

El paso de pequeñas acciones violentas a una confrontación abierta y sostenida entre estados soberanos marca el fin de la confianza mutua, un requisitoindispensable para la integración energética transnacional.

La infraestructura, en peligro

La guerra ha golpeado de manera directa la viabilidad técnica y financiera de los activos energéticos. Según informes recientes, Pakistán ha atacado al menos 46 ubicaciones estratégicas en Afganistán, incluyendo la base aérea de Bagram y zonas urbanas neurálgicas en Kandahar.

Estas localizaciones impacta directamente en el Gasoducto TAPI. Diseñado para transportar 33.000 millones de metros cúbicos de gas natural anuales desde Turkmenistán hasta la India a través de 1.814 kilómetros, el proyecto requiere una garantía de seguridad territorial que la aviación paquistaní ha demostrado poder vulnerar sin ningún tipo de problema.

Paralelamente, la Interconexión Eléctrica CASA-1000, destinada a suministrar 1.300 MW de energía hidroeléctrica desde Kirguistán y Tayikistán hasta Pakistán, depende de subestaciones críticas en el norte de Afganistán que hoy operan bajo amenaza militar. A nivel logístico, el cierre de pasos terrestres como Torkham y Nangarhar corta las importaciones de carbón afgano, obligando a las centrales térmicas paquistaníes a consumir más fuel-oil de importación, disparando los costes de generación eléctrica.

El conflicto pone en jaque a la seguridad energética

Pakistán persigue degradar la capacidad operativa afgana para forzar un cambio en su política fronteriza, asumiendo el coste y sacrificando su propia seguridad energética a corto plazo. En respuesta, Afganistán utiliza una férrea resistencia antiaérea y ataques a enclaves como la base de Nur Khan en Rawalpindi para afirmar su soberanía, bloqueando cualquier oportunidad de cooperación bilateral.

En un plano superior, China observa con cierto nerviosismo cómo la violencia prolongada pone en jaque las inversiones multimillonarias del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), amenazando la viabilidad del proyecto en la zona. Simultáneamente, Rusia y Qatar, actores fundamentales en el suministro de hidrocarburos, asisten al colapso de sus mediaciones, dificultando severamente la ejecución de contratos a largo plazo en una región sumida en el caos.

Y ahora…El cierre de Ormuz y el conflicto en Irán

El riesgo geopolítico que estamos viendo estos días consolida un vacío de seguridad sin precedentes en un de los enclaves más críticos para la seguridad energética mundial. La negativa de las agencias de calificación y aseguradoras internacionales a otorgar coberturas de riesgo en zonas de guerra reduce al mínimo la capacidad de atraer financiación externa. Además, este estallido transcurre en paralelo al reciente cierre del Estrecho de Ormuz, eliminando vías alternativas de contingencia para la importación de energía hacia Pakistán. Valorando la crudeza del conflicto entre países, se espera que la confrontación se alargue más de lo pronosticado en donde el desgaste será considerable y la resolución cada vez más difícil de alcanzar.

A medio y largo plazo, el eje Afganistán-Pakistán se encamina hacia una profunda desconexión energética. La imposibilidad técnica de proyectos integradores como el TAPI y CASA-1000 no representa únicamente una pérdida de capital, sino el retraso de la transición hacia una energía asequible para Pakistán y otros países del sur de Asía. Mientras los 2.600 kilómetros de frontera sigan militarizados, Asia Meridional permanecerá anclada a la dependencia de hidrocarburos marítimos de alto coste, cimentando una crisis energética estructural que frenará el desarrollo industrial de la región en el largo plazo.

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