Contratos de carbono por diferencia para acelerar la descarbonización de la industria

La electrificación de la industria es hoy una de las decisiones con mayor incidencia en la resiliencia económica y la independencia energética de un país. Si quedaba alguna duda sobre su importancia, estas han desaparecido tras el impacto que ha experimentado la sociedad y las empresas españolas por la incertidumbre geopolítica y la dependencia de materias primas de terceros países por la guerra de Oriente Medio.

Para completarla, queda aún mucho camino por recorrer. A pesar del liderazgo de España en potencia renovable instalada, la electrificación no llega al consumo. A enero de 2025, en España se consumía menos electricidad que a enero de 2005, 20 años antes. El consumo final de electricidad lleva una década estancado por debajo del 30%, frente al consumo basado en gas o carbón, que representa casi dos tercios del total.

En el caso de la industria, el reto es aún mayor. Existen sectores intensivos en energía, como el cemento, el acero o el químico que, como operan a altas temperaturas, la electrificación no sólo es aún insuficiente, sino que además es difícil y las tecnologías existentes no son lo suficientemente maduras.

Durante esta década, un número importante de plantas industriales en estos sectores intensivos en energía necesitarán llevar a cabo procesos de reconversión. La ventana para orientar sus decisiones hacia tecnologías limpias está abierta, pero no lo estará durante mucho tiempo.

El coste de no realizar una apuesta decidida por tecnologías cleantech, con incentivos públicos y capital privado operando a la vez, es elevado. Si no lo hacemos, las industrias críticas tendrán que seguir dependiendo de combustibles fósiles en nuestro país, incumpliendo los objetivos de descarbonización.

Necesitamos financiar la electrificación de industrias clave para nuestra economía

El reto es urgente y la industria intensiva en energía está comprometida con su descarbonización; pero las condiciones de mercado actuales no son suficientes para incentivar la electrificación en sectores intensivos en energía y a altas temperaturas, como el cemento, el acero o el químico.

El principal mecanismo disponible para incentivar esta transformación es el sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS), que penaliza las emisiones de gases de efecto invernadero, definiendo el coste de oportunidad de no descarbonizar. Aunque este mercado ha consolidado un precio medio del carbono en torno a los 80 €/tCO2, alcanzando un récord histórico de 100 €/tCO2 en 2023, el sistema está sujeto a una alta volatilidad. Dado que los proyectos de inversión industrial requieren horizontes de amortización de entre 15 y 25 años, su viabilidad exige una certidumbre a largo plazo que la señal de precio del ETS hoy no puede garantizar.

Incluso los €100/tCO₂ alcanzados en 2023 son un incentivo limitado para el impulso de la inversión en proyectos de descarbonización industrial. La transición hacia una industria limpia conlleva sobrecostes en CAPEX de inversión inicial y OPEX relativos al coste energético que pueden llegar hasta el 80% dependiendo el sector y la tecnología usada, frente a procesos tradicionales basados en combustibles fósiles, según McKinsey.

A esto se suma un tercer obstáculo: en un entorno de intensa competencia internacional y sin una demanda estable de productos industriales verdes, las empresas tienen escasa capacidad para trasladar los sobrecostes de la descarbonización a sus clientes. Como resultado, la inversión se pospone indefinidamente, a la espera de señales de precio o de madurez de mercado que no terminan de materializarse.

Para tratar de revertir esta situación, desde 2020 se han multiplicado los fondos públicos dirigidos a apoyar la financiación de proyectos sostenibles industriales. En España, el PERTE de descarbonización industrial o las subastas del Fondo de Innovación europeo (donde los proyectos españoles son mayoritarios) han sido clave para facilitar las primeras inversiones.

Sin embargo, el modelo de subvención directa muestra signos de agotamiento ante la magnitud de la inversión privada que se requiere movilizar. Para desarrollar algunos proyectos, las ayudas han sido y siguen siendo útiles. Si lo que queremos es liderar y escalar la industria verde, debemos mirar más allá y tomar lecciones aprendidas de otros países.

Contratos de Carbono por Diferencia: una pieza clave para la industria española

Los Contratos de Carbono por Diferencia (CCfD) son una de las soluciones más prometedoras. Se trata de acuerdos bilaterales con una duración preestablecida entre el sector público y las empresas en los que se fija un precio del CO₂ (strike price). Si el ETS queda por debajo de ese precio, el sector público paga la diferencia por cada tonelada evitada; si lo supera, la empresa devuelve el excedente si el modelo es bidireccional (como en Alemania). Si el modelo es unidireccional (como en Países Bajos) no hay devolución del excedente.

Gracias a este modelo, los CCfD cuentan con una serie de ventajas que permiten tomar decisiones de inversión a largo plazo para industrias que necesitan financiación estable y señales de precio superiores a la del ETS:

• Financian la verdadera barrera para la descarbonización industrial: los costes de operación que supone producir de forma limpia en el día a día; frente a las ayudas no reembolsables, que únicamente costean parte de la inversión inicial; o el precio del carbono del ETS, que aún no es suficiente para cerrar la brecha de producción industrial verde.

• Reducen el riesgo financiero proporcionando certidumbre sobre retornos de 15-20 años, período medio en el que operan los CCfD, frente a la volatilidad de la señal del ETS.

• Suponen un uso más eficiente y transparente de la asignación de recursos públicos, ya que los costes de descarbonización en sectores específicos se revelan mediante las licitaciones públicas en las que se ofrecen estos contratos.

El Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial: la puerta de entrada para los CCfD en España

Varias economías europeas ya han posicionado los CCfD como eje central de su política pública industrial, movilizando más de 50.000 millones en CCfD en los últimos años. Ejemplos de ello son Alemania, mediante sus contratos de protección climática (Klimaschutzverträge), dotado de 5.000 millones en la ronda de 2026; o Países Bajos, con el programa SDE++, que ha comprometido 32.000 millones en las tres últimas rondas.En España, el PERTE de descarbonización ya introducía la puesta en marcha de un piloto de CCfD con una dotación inicial de 100 millones de euros.

Recientemente, el nuevo Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial (FIDI) identifica los CCfD como una de las vías preferentes para respaldar inversiones industriales de bajas emisiones en los próximos años. El Ministerio de Industria ha abierto la primera consulta para diseñarlos. Además, han surgido iniciativas de colaboración sectorial como el Green Finance Lab, entre GFI España y Alianza Q-Cero, en las que se está comenzando a definir un esquema adaptado al mercado y a la industria española.

Las bases están sentadas, sólo necesitamos su puesta en marcha. Necesitamos un diseño reglamentario de los CCfD, que se adapte a las necesidades de los proyectos nacionales de descarbonización industrial.

Tenemos el potencial de electrificación, el compromiso de la industria, los modelos de éxito de otros países y un marco habilitador adecuado. Solo nos falta traducirlo en políticas públicas que transformen la transición industrial en proyectos bancables con el fin de asegurar una descarbonización competitiva de la industria española.

Jimena Muzio es Senior Associate en Green Finance Institute