Desde su concepción, el diseño del mecanismo del bono social ha generado un intenso debate entre los agentes del sector de la energía, que critican su estructura y los criterios de aplicación. Energía y Sociedad ha realizado un análisis sobre la efectividad de este bono y sobre otros mecanismos alternativos de ayuda, a partir de un encuentro en el que participaron Miriam García Madruga, responsable de Suministro de la Dirección de Regulación de Endesa; Enrique García, miembro del departamento de Relaciones Institucionales y Prensa de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU; y Fernando Cuevas, responsable de Programas contra la Pobreza y Exclusión de la Cruz Roja, quienes pusieron en común sus respectivas visiones y propuestas de rediseño del bono social.
El actual mecanismo del bono social, vigente desde el año 2009, tiene como objetivo proteger a los clientes vulnerables ofreciendo un descuento del 25% en la factura eléctrica, del que se benefician, 2,4 millones de hogares en la actualidad.
Los criterios que marca la legislación para poder acogerse a esta medida son: i) contar con una potencia contratada inferior a los 3kW, ii) ser familia numerosa, iii) tener a todos sus miembros en situación de desempleo o iv) tener más de 60 años de edad y recibir la pensión mínima.
Una de las principales críticas que recibe este bono por parte de los diferentes agentes del sector es que no garantiza que la ayuda llegue a las personas que lo necesitan realmente. A modo ilustrativo, Enrique García, de la OCU, señaló que a pesar de que existen 1.610.000 hogares con todos sus miembros en paro, sólo 70.000 están acogidos al bono social. Además, según datos de Endesa, casi el 80% de las peticiones de ayuda a los Servicios Sociales no son beneficiarios de este mecanismo.
La cuantía de la ayuda también es motivo de discusión, al no proporcionar una solución sostenible a aquellos hogares en situación de verdadera vulnerabilidad, que no pueden afrontar ningún tipo de gasto eléctrico, haciendo depender de la buena fe de compañías eléctricas y administraciones públicas el mantenimiento del suministro de la luz.
La Estrategia Marco para la Unión de la Energía recomienda que la protección de los consumidores vulnerables se financie, preferentemente, a través del sistema general de protección social, como se realiza en Reino Unido o Alemania, y al contrario que en España, donde las compañías eléctricas verticalmente integradas financian este bono.
En este sentido, Miriam García Madruga, de Endesa, propuso una combinación de medidas sociales que den una cobertura adecuada al colectivo vulnerable evitando los cortes de suministro y mejoren la eficiencia energética. En concreto, sugirió la creación de tres fondos: uno dirigido a los consumidores con derecho a bono social, otro para ofrecer financiación a aquellos clientes en situación de pobreza energética, y un tercero dedicado a impulsar medidas de mejora de la eficiencia energética de los clientes en situación de pobreza energética. Estos fondos estarían financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado –los dos primeros- y al Fondo Nacional de Eficiencia Energética –el tercero-._ _
Por otro lado, los participantes coincidieron en afirmar que para garantizar el correcto funcionamiento del bono social, es indispensable desarrollar una reforma que asegure que este mecanismo alcanza a los consumidores más vulnerables. Para ello, a corto plazo, todos concluyeron que es fundamental redefinir adecuadamente el concepto legal de “consumidor vulnerable”.
En concreto, Enrique García, de la OCU, propuso una reforma del bono social basada en la renta y el patrimonio de los consumidores utilizando, para ello, indicadores como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Asimismo, subrayó la conveniencia de incrementar el rol de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos en el proceso de asignación de ayudas, al ser conocedores de primera mano de la situación económica real de los hogares de sus municipios. Por último, señaló que el actual panorama laboral, en el que abundan los contratos temporales y la precariedad, requiere de un nuevo bono social más ágil que se adapte a este contexto.
Por su parte, Fernando Cuevas, de Cruz Roja, explicó que esta organización ha atendido a 16.887 personas en situación de pobreza energética en 2015, ya sea directamente, mediante el pago de sus facturas, o ayudando a optimizar su consumo, y resaltó la necesidad de un mayor diálogo y coordinación entre las diferentes partes implicadas. Además, propuso el desarrollo de medidas complementarias al bono social, como la formación de los consumidores mediante talleres de eficiencia energética y el uso de dispositivos de ahorro eléctrico.
Por último, en la ronda de debate posterior a las ponencias, se analizó el problema del alto precio de la luz. Entre los distintos planteamientos para mitigarlo, se propuso traspasar aquellos conceptos de la factura eléctrica que no estén ligados al suministro a los Presupuestos Generales del Estado. Este abaratamiento contribuiría a lograr una electricidad más accesible para los ciudadanos de menor capacidad adquisitiva y en especial, para los colectivos más vulnerables.
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