Tras el fin del impuesto al sol, se dio por sentado que la transición energética iba a despegar. Los años de las trabas habían acabado. Se presuponía que las placas solares iban a decorar todas las cubiertas del país. Desde entonces, el autoconsumo ha atraído el interés de vecinos, ayuntamientos y empresas que han buscado emanciparse de las eléctricas y adaptarse a la lucha contra la crisis climática. Las renovables han avanzado con marcha firme, contribuyendo a democratizar un sector –el energético– dominado por una estructura vertical y opaca.

Sin embargo, el momento álgido de los últimos años parece haber quedado estancado; más bien bloqueado. Quienes podían de manera individual, colocar paneles en el tejado de su vivienda unifamiliar ya lo han hecho, mientras el grueso del parque inmobiliario español –viviendas plurifamiliares– se enfrenta a todo tipo de restricciones para impulsar instalaciones de autoconsumo colectivo.

En 2023, la Alianza por el Autoconsumo pudo constatar, mediante un rastreo exhaustivo, que hay centenares de instalaciones de autoconsumo colectivo paralizadas y sin posibilidad de conectarse a la red. Las empresas distribuidoras, encargadas de gestionar el alta, no están haciendo su trabajo y ya hay expedientes con retrasos de más de dos años, muy lejos de los dos meses marcados por ley.

Demasiadas trabas

Al intentar dar de alta las instalaciones colectivas con las empresas distribuidoras, los ciudadanos se topan con trámites injustificados, demoras en la gestión de los expedientes y requerimientos técnicos absolutamente desproporcionados que entorpecen el proceso. Dar el paso hacia el autoconsumo colectivo no es fácil. Si le sumas las trabas administrativas, el proceso se presenta casi imposible.

El bloqueo ejercido por parte de las distribuidoras de energía no es ningún secreto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha abierto una investigación a varias de estas empresas por poner trabas. El organismo, que actualmente analiza si las compañías retrasan de manera deliberada las conexiones a la red de las nuevas instalaciones de autoconsumo, ha iniciado un proceso de consulta pública para intentar atajar el problema y reformar la normativa.

El marco normativo no ayuda. El modelo vigente se rige por la premisa de “cuantas más redes despliego, más cobro” y deja al margen la calidad del servicio. Tanto es así que la retribución que perciben las distribuidoras se basa principalmente en el reconocimiento de los costes de inversión, lo que supone que de manera indirecta no haya ningún interés en tramitar nuevas conexiones a la red de instalaciones colectivas de renovables. Es una normativa, en definitiva, pensada al margen de los parámetros del autoconsumo colectivo y alejada de los principios sociales de la transición energética.

Mayor agilidad en la tramitación

La situación urge a reformar el sistema de retribución vigente. La propia CNMC lo sabe y ha abierto un proceso de consulta pública para implementar cambios normativos que obliguen a las distribuidoras de energía a desbloquear el despegue del autoconsumo y tramitar con agilidad todos los expedientes. En este mismo sentido justamente hace pocos meses la Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) elaboró un informe para proponer mejoras normativas en este mismo sentido y, a partir de esa base, las dos entidades (AxA y AMEP) estamos trabajando conjuntamente para presentar alegaciones al proceso. El objetivo central es introducir un criterio de retribución basado en la calidad del servicio que condicione el pago que reciben a la activación correcta –y ágil– de los nuevos autoconsumos.

El sistema actual no es sostenible, y es imperativo que la dimensión social de la transición energética vertebre el entramado normativo que rige los criterios de retribución. El despliegue de energías limpias es crucial para luchar contra la crisis climática, pero también para descentralizar el oligopolio energético español. Esta es una oportunidad única para obligar a las distribuidoras a que dejen de dar la espalda a la ciudadanía.

Raquel Paule, portavoz de la Alianza por el Autoconsumo y Arnau Comas i Miñarro, coordinador de AMEP.