La operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos se ha saldado con seis detenidos, entre ellos un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y el dueño de la empresa Forestalia.
La 'Operación Perserte' ha dejado un balance de doce registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza, y seis detenidos. La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Implicación
La Guardia Civil ha informado en una nota de prensa de la implicación en esta trama de una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que señala por haber podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han confirmado que el exalto cargo detenido es Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica. También ha sido arrestado el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.
La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.
En concreto, el exalto cargo en Transición Ecológica está siendo investigado por recibir contraprestación económica a cambio de su mediación en la tramitación de estos certificados.
Sociedades interpuestas
Para mover ese dinero y ocultar su origen, ha explicado la Guardia Civil en una nota de prensa, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, contando presuntamente con la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.
En relación con los proyectos objeto de análisis, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias.
La operación ha sido llevada a cabo por Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel número 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel.
Otra unidad de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), ya registró dependencias de Forestalia por su presunta relación con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.
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