Dos razones para que vuelva a haber déficit de tarifa

Parece que, contra lo que se ha venido afirmando desde el Gobierno, el déficit de tarifa no ha pasado a mejor vida. Al menos, dos son los elementos que van a evitarlo: la imposibilidad de recuperar las primas entregadas a cuenta a las cogeneraciones que han cerrado y el canon por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica, cuyo destino como curandero del déficit de tarifa es bastante dudoso.

En el primero de los dos casos, el de las instalaciones que han cerrado ante la “razonable” rentabilidad otorgada por el nuevo sistema retributivo de parámetros, el monto en primas desaparecido asciende a 120 millones de euros, según la prensa. Probablemente sea superior, porque al 25% de cogeneraciones normales y al 70% de plantas de purines que han dejado de operar, se sumarán otras pymes del antiguo régimen especial; muchas carecen del músculo financiero y de las garantías que les permitan superar el trance acudiendo a la banca.

El problema tiene una vertiente grave en el tratamiento de residuos municipales: ¿se atreverán los ayuntamientos a subir los impuestos de basuras o dejarán de tratarlos y valorizarlos? La experiencia, y el hecho de que el año que viene sea electoral, no llaman al optimismo. Ello, además, reducirá los ingresos que le llegan al sistema por la vía de los peajes.

En el segundo de los casos, el canon a las hidroeléctricas incluido en la Ley 15/2012, la misma que estableció el impuesto lineal del 7% a la generación, resulta que contradice a la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), la cual instituye un destino finalista a los gravámenes sobre los recursos hídricos: tienen que destinarse exclusivamente a sufragar los costes asociados a la gestión del agua.

Así se ha hecho saber en el Consejo Nacional del Agua, donde se reclama que los 300 millones que se obtendrían con el susodicho canon se destinen a lo que deben, paliar el déficit de infraestructuras hidráulicas del país, sobre todo en depuración, que ya nos va a costar una multa superior a los 100 millones de euros en virtud de los dos procedimientos sancionadores que España tiene abiertos en el Tribunal Europeo de Justicia.

Recientemente, UNESA ha anunciado que augura un superávit de 1.900 millones de euros en el sistema eléctrico hasta 2016. Con un poco de suerte, los dineros del agua se quedarán para el agua, y quizá haya margen para suavizar la actual interpretación de “empresa eficiente y bien gestionada”, que justifica la razonabilidad del régimen retributivo actual.

Eso, si la injerencia política, como está ocurriendo con la composición de los peajes, no depara más sorpresitas.