Eléctricas

Dos siderúrgicas recurren la Orden de interrumpibilidad en el Supremo

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Horno de calentamiento. FOTO: SiSe
Horno de calentamiento. FOTO: SiSe

Siderúrgica Sevillana y Megasa Siderúrgica han  presentado sendos recursos contencioso-administrativos contra la Orden IET/346/2014, de 7 de marzo por la que se revisan los peajes de acceso de energía y que modifica la Orden IET 2013/2013, de 31 de octubre que regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Ambas empresas ya habían recurrido la orden de octubre, así como lo hizo,  en enero, la patronal del sector Unesid. Ambos recursos han sido admitidos a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según recogía el BOE de los pasados días  18 de junio y 2 de julio.

Interrumpibilidad

La interrumpibilidad es un servicio que algunos grandes consumidores eléctricos prestan al sistema eléctrico en la gestión de la demanda, poniendo a su disposición toda o parte de la potencia contratada para suplir cualquier posible carencia puntual del sistema eléctrico español mediante la interrupción  de la actividad. Es un servicio no gratuito porque las empresas que lo prestan han tenido que abordar cuantiosas inversiones materiales y organizativas para poder cumplirlo y porque supone un verdadero seguro para el conjunto de los consumidores eléctricos.

Las empresas que suscriben este servicio reciben una compensación adecuada –hasta hace poco, razonable en opinión de las grandes industrias consumidoras– por la prestación del mismo, sin que pueda considerarse en modo alguno una subvención o ayuda del Estado. El Gobierno en su reforma eléctrica en curso, ha realizado modificaciones del régimen de interrumpibilidad a través de sendas órdenes ministeriales, que suponen una rebaja sustancial de la retribución que percibían las empresas por ese servicio. Una orden ministerial que Unesid recurrió a la Audiencia Nacional, estancia jurídica a la que también han acudido a presentar sendos recursos Arcelor y Siderúrgica Balboa.

Vista aérea de la planta de Megasa en A Coruña. FOTO: Megasa
Vista aérea de la planta de Megasa en A Coruña. FOTO: Megasa

"La Orden Ministerial de marzo subsana parcialmente el problema de los recortes en las compensaciones, pero los cambios introducidos en el sistema con la Orden de diciembre se mantienen y estos pueden causar daños irreparables al conjunto del sector siderúrgico", explica a El Periódico de la Energía el director general de Unesid, Andrés Barceló. La sensación que existe en el sector es de absoluta provisionalidad, ya que cuando apenas se ha asimilado una orden, se publica otra nueva, y todavía quedan por desarrollar aspectos fundamentales de la reforma como las subastas, que es el nuevo sistema introducido mediante el cual la industria pesada pujará para lograr cobrar por el servicio de interrumpibilidad. El mecanismo, al parecer, se llevará a cabo a través de varias convocatorias independientes, en las que en cada una de ellas se celebrarán sucesivas subastas de producto hasta cubrir el requerimiento previsto a adjudicar en dicha convocatoria.

Peajes de acceso

En este contexto, la Comisión Europea aprobó el pasado 9 de abril el esquema de ayudas de Estado en materia de energía y medio ambiente que incluye la posibilidad de que los estados miembros excluyan del pago de las energías renovables a los grandes consumidores eléctricos, como ya ocurre en Francia y Alemania. “Lamentablemente, en España el asunto ni se ha planteado. Aquí los consumidores eléctricos pagan la factura de las energías renovables incluida en el paquete de ‘peajes de acceso a la red’ que incluye conceptos que nada tienen que ver con dicha nominación”, afirma Unesid en un comunicado reciente. Al igual que el resto de los consumidores españoles, las industrias soportan el régimen de ayudas a las energías renovables españolas, el más generoso de la Unión Europea y posiblemente de toda la OCDE.

Según los responsables de la patronal siderúrgica, Industria ha decidido, de forma unilateral, modificar radicalmente el servicio de interrumpibilidad, con nuevas condiciones que, a juicio de Unesid rayan en la arbitrariedad, incluyendo otros criterios no técnicos en la gestión del sistema que harán muy difícil su aplicación.

Como ocurre en otros sectores como el papelero, la industria siderúrgica ni quiere ni solicita subvenciones ni ayudas de ningún tipo, sino que simplemente necesita y demanda costes energéticos homologables con los de otros países, que le permitan mantener la competitividad exterior. Esta necesidad se agudiza en un momento en que las empresas siderúrgicas españolas se juegan su futuro.

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