Ecologistas en Acción alerta de "retrocesos" en objetivos de emisiones y en la política climática europea este 2025

Ecologistas en Acción ha advertido de "retrocesos" en la política climática de la Unión Europea este 2025, un año marcado por políticas "simplificadoras" que han reducido los objetivos climáticos y de emisiones de gases de efecto invernadero, según las conclusiones de un reciente informe de la organización, que también aboga por "volver a las recomendaciones del Comité Asesor Científico en su integridad".

El informe, que lleva por título 'Cuando el lobby fósil rebaja la ciencia: desregulación y captura corporativa en el giro climático de la UE hacia 2040', analiza la evolución de la normativa climática europea y el impacto de las leyes ómnibus aprobadas durante 2025.

Ecologistas en Acción ha detallado en un comunicado que este estudio también examina las implicaciones para el cumplimiento de los objetivos climáticos y la "peligrosa desconexión entre la urgencia científica y el acuerdo final en la revisión de la estrategia a largo plazo de la Unión Europea".

En concreto, el informe aborda los avances en el Pacto Verde Europeo del mandato 2019-2024 y examina la Legislación Europea sobre el Clima, el paquete 'Fit for 55', el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS y ETS2), el Fondo Social para el Clima, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el Reglamento de Reparto del Esfuerzo, y las Directivas de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

El estudio compara estas normativas con el actual ciclo legislativo 2024-2029, marcado por el 'informe Draghi' sobre el futuro de la competitividad europea, que "representa una continuidad con la ortodoxia económica de corte neoliberal" y "prioriza la reducción institucional y la desregulación de mercados, planteando riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental", como ha señalado Ecologistas en Acción.

Este giro, como recoge el documento, fue formalizado en marzo de 2025 mediante la 'Declaración de Budapest', que prioriza la desregulación bajo el concepto de "simplificación". Como resultado, la investigación enumera diez leyes ómnibus de este 2025 que modifican la normativa climática y ambiental.

Obligación interrumpida

Según la ONG, estas leyes interrumpen durante dos años la obligación de presentar informes de sostenibilidad, paralizan el reglamento de Debida Diligencia, reducen controles en la Política Agraria Común, posponen obligaciones ambientales relacionadas con baterías, destinan 800.000 millones de euros a defensa y simplifican requisitos sobre sustancias tóxicas.

Por otro lado, el estudio analiza las recomendaciones del Comité Asesor Científico Europeo para el Cambio Climático, que proponían una reducción entre el 90 y el 95% basada en la gestión de la demanda. Sin embargo, este criterio se ha diluido por sucesivas propuestas de la Comisión Europea que ha zanjado el objetivo de reducir un 90% de las emisiones, debido a "agujeros legislativos y mecanismos de flexibilidad", denuncia el texto.

Esta tendencia, precisa, podría empeorar en la revisión de los paquetes normativos anteriores, ya que la Comisión Europea parece priorizar la simplificación normativa y los temas de competencia sobre el cumplimiento de los objetivos climáticos, planteando interrogantes sobre si el calendario permitirá "ajustarse precisamente a la actualización de todos los paquetes climáticos de la UE y los países miembros en 2029", según el informe.

Para España, esta revisión de los objetivos, a juicio de la organización, debe de modificar las normativas climáticas, particularmente los instrumentos recogidos en la ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética como también del Plan Nacional Integrado de Clima y Energía. En ese sentido, el informe urge a limitar la transposición de las medidas más lesivas y anteponer la integridad ambiental.

Incrementar los objetivos

Además, el documento sugiere incrementar los objetivos en reducción de emisiones y en energía neta, en línea con los criterios de justicia climática, que indican que España, "como país del norte global con responsabilidad histórica, debería alcanzar la descarbonización de su economía en el año 2040, alcanzando entre 90 y 95% de reducción de las emisiones respecto al año base de 1990".

En este sentido, el informe concluye que "sin una estrategia integral que anteponga la justicia social y la protección ambiental al interés empresarial y la lógica neoliberal, el Estado español reproducirá el mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual, lo que hace imposible cumplir sus compromisos y perpetua impactos sociales y ambientales inasumibles".

Así, "para avanzar en la lucha climática y responder a la urgencia", el informe insta a "volver a las recomendaciones del Comité Asesor Científico en su integridad, priorizar la gestión de la demanda sobre soluciones tecnológicas de alto riesgo, eliminar el uso de créditos de carbono, garantizar la integridad climática, establecer salvaguardas sobre los ecosistemas y las personas y apostar por una transformación real".