La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético no da su brazo a torcer a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción cerró el caso de los CTC, aquel por el que el Gobierno socialista decidió no pedir la devolución de unas presuntas ayudas de más a las eléctricas hasta 2006.
La organización social cree que se trata de un claro caso de corrupción política en la que el anterior Gobierno socialista prefirió mirar hacia otro lado en vez de exigir a las grandes eléctricas la devolución de 3.400 millones de euros cobrados de más como costes de transición a la competencia (CTC). Y no quiere que esto se quede en agua de borrajas.
Por eso ha vuelto a la carga. Pero ahora, el objetivo es el actual Gobierno del Partido Popular. La demanda que la plataforma va a volver a poner en la Fiscalía Anticorrupción se basa en que el caso no prescribió realmente en 2010 como decía la Abogacía del Estado sino que lo hizo en julio de 2014, por lo que el Gobierno actual también es cómplice por este caso.
La organización, viendo que la Fiscalía cerró el caso sin dar muchas explicaciones, decidió realizar una petición a través de la plataforma Avaaz.org el pasado 8 de enero, y esa petición es una de las causas por las que la organización quiere que se reabra el caso de nuevo. Ya son casi 125.000 firmas las que lleva la petición, y cuantas más sean, más posibilidades hay de que se reabra el caso, según dice la Plataforma.
En la solicitud de reapertura del caso de los CTC, los demandantes aportan unas pruebas nuevas, entre ellas, la liquidación definitiva de la Comisión Nacional de la Energía del ejercicio de 2006, fechada el 27 de julio de 2010. En este informe, el regulador asegura que hasta ese momento no fue posible realizar la liquidación definitiva de los CTC. Este retraso, de cuatro años, es normal a la hora de realizar las liquidaciones definitivas. Es por ello, que la Audiencia Nacional, haya afirmado en varias sentencias que las únicas liquidaciones de la Comisión Nacional de la Energía que causan efectos reales y que pueden abrir la vía del recurso jurisdiccional son las definitivas.
De esta manera, y haciendo caso al informe de la Abogacía del Estado, que recordaba que solo con la liquidación definitiva de los CTC se podría conocer la cantidad exacta, la Plataforma afirma en su demanda que la propia CNE avisó en un informe posterior a la prescripción de julio de 2010 que se podrían reclamar aquellos importes más allá del período de prescripción que señalaba la Abogacía del Estado.
"El dies a quo para la reclamación de dichos importes habría de considerarse el 27 de julio de 2010 y los cuatro años a los que se refiere por la Ley General Presupuestaria (15.1.a) para la prescripción concluirían el 27 de julio de 2014", afirma la Plataforma en su solicitud de reapertura.
Por lo que si el caso prescribió en 2014, el actual Gobierno también habría ignorado la petición de devolución de esas cantidades a las eléctricas.
Fuentes jurídicas aseguran a este diario que sería complicado que la Fiscalía volviera tras sus pasos en un caso, pero que podría darse la casualidad. Sin embargo, la Plataforma tiene pensado un plan b si no se reabre la investigación por parte de la Fiscalía. No es otro que llevar el caso a Bruselas, donde podría tener más éxito al tratarse de ayudas de Estado, que en el caso de haberse dado de más, se convertirían en ilegales y el Tribunal Europeo podría hacer que se devolvieran si se prueba todo ello.
En definitiva, un nuevo capítulo de este caso que seguirá dando que hablar en los próximos meses.
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