El caso Inovyn Solvay tenía pinta de politizarse porque hay unas elecciones en Cataluña en poco más de tres semanas. Dicho y hecho. El pasado viernes el Gobierno mantuvo la sanción al grupo químico por incumplir las órdenes de reducción de potencia el pasado invierno. Se quedaba la planta de Martorell (Barcelona) sin poder participar en la subasta de interrumpibilidad que se inicio este lunes. Esta sanción deja tocada a la empresa y a su planta económicamente hablando, tanto que su viabilidad está en el aire.
Tanto la empresa como el comité de empresa han puesto el grito en el cielo por su situación. Han acusado al Gobierno y a Red Eléctrica de ser los responsables de una decisión política cuando realmente se trata de una decisión técnica. La empresa, o mejor dicho la central de cogeneración adherida a la planta de Martorell ha fallado en tres ocasiones y esto conlleva la sanción interpuesta.
Ahora, aprovechando la situación preelectoral, el PSOE ha salido a escena para posicionarse del lado de la empresa y señalar al Gobierno y al operador del sistema como responsables de poner en peligro 500 empleos directos y 2.000 indirectos.
El Grupo Socialista ha pedido al Gobierno que encargue un informe a Red Eléctrica de España (REE) sobre el incumplimiento por parte de Inovyn Solvay de las órdenes de interrupción del suministro eléctrico en 2015, motivo por el que la empresa se ha quedado fuera de las subastas de interrumpibilidad.
En una proposición no de ley presentada en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Ejecutivo a pedir un informe de lo sucedido a REE, que gestiona las subastas, para comprobar si cumplió "las correspondientes notificaciones sobre los controles rutinarios en tiempo y forma".
Sin obligación
La normativa sobre interrumpibilidad no dice absolutamente nada sobre si Red Eléctrica tiene la obligación de notificar los controles por lo que el operador no podría ser acusado de no hacer su trabajo.
El operador del sistema avisa a las empresas una hora antes de que se produzca la orden de reducción de potencia para que ésta ponga todo a punto en la planta donde se va a desarrollar la acción. Los resultados de la misma los puede ver la compañía en cualquier momento por lo que las notificaciones en tiempo y forma quedarían en papel mojado.
Además, el PSOE reclama una mesa de negociación con la dirección de la compañía, el comité de empresa, las centrales sindicales y la Generalitat de Catalunya para buscar una solución factible.
Por otro lado, el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para explicar qué medidas piensa adoptar el departamento que encabeza José Manuel Soria para garantizar los 2.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) que dependen de la planta de Inovyn-Solvay de Martorell (Barcelona).
Explicación de Soria
Soria ha explicado este martes en el Senado que la planta de Inovyn-Solvay ha sido excluida de las subastas de interrumpibilidad porque entre febrero y marzo de 2014 incumplió "sistemáticamente" las órdenes de interrumpir el consumo eléctrico.
En respuesta a una pregunta del senador José Montilla, de la Entesa Catalana del Progrés, Soria ha dicho que hasta tres peticiones de interrupción formuladas por REE, el operador del sistema, fueron incumplidas por los responsables de la planta a pesar de que la instalación había recibido 23,6 millones de euros en pagos por interrumpibilidad para el ejercicio 2015.
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