Hace un año, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó una modificación legal por la que se creaba un impuesto sobre el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares de la central de Garoña, que sacó adelante el PP gracias a la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL. A este impuesto se opusieron tanto el PSOE como Ciudadanos.
El Gobierno, en el momento de ser aprobado anunció que recurriría este nuevo impuesto ya que se trata de un caso claro de doble imposición ya desde el Estado ya se grava este tipo de actuaciones.
Ahora el Tribunal Costitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4929-2019, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo Único.Cuatro, de la Ley 6/2018, de 13 de noviembre. Concretamente el nuevo apartado C en el que existe "el riesgo de alteración del medioambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León".
La única central que existe es la planta nuclear de Garoña que el Gobierno del PP decidió cerrar definitivamene en agosto de 2017.
Castilla y León pretende recaudar en el entorno de los 10 millones anuales, en total unos 74 millones de euros mientras se llevan a cabo las labores de desmantelamiento de la central. Una actividad que no se ha iniciado pero por la cual los propietarios de la central, la empresa Nuclenor, ya ha tenido que pagar durante este año su parte.
Asimismo, Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor, han puesto un recurso en lo Contencioso-Administrativo contra este impuesto.
Nuclenor ha abonado hasta 3,75 millones por trimestre, en total, más de 11 millones si se tiene en cuenta la parte del 2018.
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