El denominado 'impuesto al sol', un nuevo tributo que Castilla y León pretende aplicar en 2027, afectará a medio millar de plantas fotovoltaicas que están ya operando o en desarrollo, dejará unos 40 millones al año cuando todos proyectos estén en funcionamiento, pero desincentivará nuevas inversiones y hará inviable algunos de los parques, según ha denunciado la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
El delegado de UNEF en Castilla y León, Marcos Valle, ha alertado en una entrevista con EFE de las consecuencias de ese nuevo impuesto por las afecciones medioambientales de los parques fotovoltaicos, que en España únicamente aplican hasta ahora La Rioja y Aragón, pero con mayor gradualidad que la planteada en Castilla y León, por lo que tiene "un efecto muy negativo en la rentabilidad".
De hecho, en la mayoría de los proyectos fotovoltaicos supondrá "duplicar el coste del alquiler" de los terrenos en los que están asentados y en los parques que venden la energía a la red, que son la mayoría, se puede reducir el resultado del ejercicio económico en torno a un 30 y un 45 %, por lo que "va a tener bastante impacto y va a poner, todavía más si cabe, en riesgo la viabilidad económica" de los parques solares.
El delegado en la comunidad de la que es la asociación mayoritaria del sector en España ha explicado que "el grueso del tejido fotovoltaico" de Castilla y León se corresponde con actividades industriales tradicionales que han diversificado en renovables para reducir el impacto que tiene en sus negocios originales el coste de la energía.
Y que ahora, en su opinión, "van a recibir este castigo injusto por un impacto ambiental que no existe y que no es tal", ha afirmado.
Adiós a la ventaja competitiva
A ello se suma que el nuevo gravamen, según Marcos Valle, va a "dinamitar la ventaja competitiva" de las empresas que se asentaban en polígonos industriales de la comunidad y suscribían contratos de suministro de energía con fotovoltaicas próximas porque así se ahorraban el peaje del transporte de la energía.
"Este impuesto va a ser dañino para la economía de Castilla y León, lo primero, porque los parques de generación de aquí tienen que pagarlo y los del resto del país no, y competimos en un mercado único, en el mercado ibérico de España y Portugal", ha subrayado el representante de UNEF en la comunidad.
Lo ha considerado además "injusto" porque grava un impacto ambiental que en el momento de aprobarse esos proyectos ya se tuvo en cuenta.
Ese nuevo tributo, que afecta a los parques fotovoltaicos de más de cinco hectáreas, puede hacer que proyectos que están tramitándose dejen de ser rentables y ya no sean viables, por lo que pueden paralizarse.
De la vía política a la judicial
Por todo ello, UNEF ha iniciado conversaciones con todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León con el fin de que ese impuesto contemplado en la Ley de Medidas Tributarias que acompaña al proyecto de presupuestos de Castilla y León para el próximo ejercicio se frene, o al menos se aminore su impacto en el debate de los presupuestos de la Junta de Castilla y León en el parlamento autonómico.
En caso de que se mantenga el impuesto, UNEF no descarta acudir a la vía judicial como ha hecho en Aragón.
Los cálculos de esa asociación sectorial apuntan a que en Castilla y León, en base al análisis de 508 proyectos fotovoltaicos de la comunidad que están operativos o en desarrollo y que conjuntamente suman una superficie de vallado de unas 35.409 hectáreas, la cuota bruta anual del nuevo impuesto ascendería a 40,4 millones de euros.








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