El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a audiencia pública la orden ministerial que desarrollará el nuevo Sistema de Certificación de Combustibles Renovables (SICCRE), una plataforma que permitirá controlar y certificar toda la cadena de valor de los combustibles renovables utilizados en el transporte y poner en marcha un mecanismo de créditos asociado al suministro de electricidad renovable para vehículos eléctricos. La norma completa el desarrollo del Real Decreto 611/2026 y supone una de las principales piezas regulatorias para adaptar el marco español a las exigencias de la directiva europea RED III sobre energías renovables.
La nueva regulación abandona definitivamente el modelo basado únicamente en objetivos de contenido energético y avanza hacia un sistema centrado en la reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. Además de mantener las obligaciones existentes para el transporte por carretera, amplía el ámbito de aplicación al ferrocarril no electrificado y a la navegación de cabotaje, incorporando nuevos subobjetivos específicos para combustibles renovables, biocarburantes avanzados, biogás, combustibles renovables de origen no biológico y bioalcoholes avanzados.
Plataforma única
El eje central de la orden es la creación del SICCRE, concebido como una plataforma informática única que recopilará, gestionará y verificará toda la información relacionada con la sostenibilidad, el origen de las materias primas, la transformación, la logística, el suministro y el consumo de los combustibles renovables. El objetivo es garantizar una trazabilidad completa desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final, reforzando el control administrativo y facilitando la comprobación del cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
La herramienta estará además conectada con la Base de Datos de la Unión Europea (Union Database), lo que permitirá sincronizar automáticamente la información entre los registros nacionales y europeos, evitar duplicidades en las declaraciones de los operadores y reducir las cargas administrativas derivadas de los actuales procedimientos de certificación. Según la memoria de impacto normativo, esta interoperabilidad facilitará también la supervisión del mercado y reforzará la lucha contra el fraude gracias a una mayor disponibilidad de información verificable en todas las fases de la cadena de suministro.
Otra de las principales novedades es la incorporación de los denominados "sujetos habilitados", una nueva categoría de agentes que podrán generar certificados de combustibles renovables sin estar sometidos directamente a las obligaciones de reducción de emisiones. Entre ellos figuran los productores europeos de combustibles renovables de origen no biológico —como el hidrógeno renovable y sus derivados— y los operadores de puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos. Estos certificados podrán ser adquiridos posteriormente por los sujetos obligados para cumplir sus objetivos de descarbonización, dotando al sistema de una mayor flexibilidad y ampliando la oferta de certificados disponibles.
La orden desarrolla igualmente, por primera vez, el mecanismo de créditos de electricidad renovable previsto en la normativa europea. Los operadores de puntos de recarga públicos que suministren electricidad renovable a vehículos eléctricos podrán generar créditos equivalentes a la reducción de emisiones conseguida. Posteriormente, estos créditos podrán ser transferidos a los proveedores de combustibles para ayudarles a cumplir las obligaciones anuales de reducción de emisiones en el transporte por carretera. Todo este procedimiento se gestionará también a través del SICCRE.
Nueva arquitectura regulatoria
El Ministerio considera que esta nueva arquitectura regulatoria permitirá modernizar el actual sistema de certificación, actualmente basado en la plataforma SICBIOS, que ya no resulta suficiente para asumir las nuevas obligaciones derivadas del Real Decreto 611/2026. Entre otras limitaciones, el sistema vigente no permite integrar toda la cadena de valor de los combustibles renovables, gestionar nuevos sujetos participantes ni extender el seguimiento al ferrocarril o a la navegación de cabotaje. Tampoco podría desarrollar el nuevo mecanismo de créditos de electricidad renovable ni facilitar la valorización de los combustibles renovables de origen no biológico.
La memoria económica que acompaña al proyecto concluye que la orden tendrá un impacto positivo sobre el sector energético al mejorar la eficiencia en la remisión de información, incrementar la trazabilidad de los combustibles renovables, reforzar la prevención del fraude y favorecer la competencia en un mercado con un elevado potencial de crecimiento en España. No obstante, reconoce que la puesta en marcha del nuevo sistema supondrá la incorporación de nuevas cargas administrativas para los operadores, aunque considera que quedarán compensadas por la simplificación de procedimientos y la digitalización integral del proceso de certificación. También estima un impacto medioambiental positivo y una contribución favorable a los objetivos de lucha contra el cambio climático.
La propuesta permanecerá ahora en fase de audiencia e información pública antes de recabar los informes preceptivos, entre ellos los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo de Estado y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, como paso previo a su aprobación definitiva.
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